Sexenio Democrático, desde septiembre de 1868 a diciembre de 1874

 

El periodo de nuestra Historia conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario, lo podemos dividir en tres etapas: la primera será la del Gobierno provisional, entre los años 1868 y 1871; la segunda corresponde con el reinado de Amadeo I y en la tercera nos encontramos con la Primera República Española, proclamada en febrero de 1873. Aunque esta última etapa la dividiremos, a su vez, en: República Federal, finalizada mediante el golpe del general Pavía del 3 de enero de 1874, y la República Unitaria (dictadura de Serrano, que finaliza con el pronunciamiento dado el 29 de diciembre de 1874 en Sagunto por el general Martínez Campos para restaurar la Monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II: Alfonso XII.

    En estos años participan en la política española cuatro bloques: los unionistas, con el general Serrano a la cabeza; los progresistas, con el general Prim, y tras su asesinato, por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla; los demócratas monárquicos (cimbrios), encabezados por Cristino Martos y Nicolás María Rivero; y los republicanos federales, cuyos líderes eran Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Hay que agregar al Partido Moderado, decantado hacia las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo; además de los carlistas, que desencadenarán en 1872 la Tercera Guerra Carlista para intentar poner en el trono al pretendiente Carlos VII; y no nos olvidemos de los independentistas cubanos, lo que dará lugar tras el Grito de Yara a la Guerra de los Diez Años.

En 1863, Isabel II destituyó al general Leopoldo O'Donnell, que durante cinco años había presidido el «gobierno largo» de la Unión Liberal, una especie de partido de «centro» del que formaban parte los moderados más progresistas («puritanos») y los progresistas más moderados («templados»). El Partido Progresista esperaba ser llamado al Gobierno, pero la reina se decidió por un veterano miembro del Partido Moderado: el marqués de Miraflores. Lo que dio lugar a que los progresistas no presentaran candidatos a las elecciones, deslegitimando, de esta manera, a las Cortes que salieran de ellas, y a la propia Monarquía. Este gobierno tuvo una corta duración, lo mismo que los dos siguientes, también moderados, hasta que en 1864 fue nombrado presidente de Gobierno el «hombre fuerte» del Partido Moderado: el general Ramón María Narváez, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1865, en que fue destituido por la reina por los trágicos sucesos de la Noche de San Daniel. Isabel II volvió a llamar a Leopoldo O'Donnell, al frente de la Unión Liberal. En junio de 1866 tuvo lugar una insurrección en Madrid para acabar con la Monarquía, conocida como la Sublevación del cuartel de San Gil, protagonizada por los sargentos de dicho cuartel de artillería. Un mes más tarde, la reina, destituyó al general O'Donnell al considerar que había sido demasiado blando con los insurrectos, llamando, de nuevo al general Narváez para sustituirle; el cual adoptó una política autoritaria y represiva que hizo imposible turnarse en el poder con la Unión Liberal, que entonces optó por hacer el «vacío en Palacio», lo que significaba el retraimiento en el Senado.

    A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. Aunque precedida por la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862 a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la guerra civil estadounidense; pero, el detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas de las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Las primeras quiebras de sociedades de crédito se produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico. A esta crisis financiera se sumó una crisis de subsistencias en 1867 y 1868, a causa de las malas cosechas. Los afectados fueron las clases populares, debido a la escasez y carestía de los productos básicos. La crisis se vio agravada por el crecimiento del paro, que afectó a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban: las obras públicas y la construcción. La coincidencia de ambas crisis creaba unas condiciones sociales que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino. La crisis económica aceleró el deterioro político del régimen isabelino.

El Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, así conocido por la ciudad belga donde se firmó el 16 de agosto de 1866, fue una iniciativa del general progresista Juan Prim con el objetivo de derribar la Monarquía de Isabel II, y constaba de dos puntos:

    1º, destruir lo existente en las altas esferas del poder.

  2º, nombramiento de una Asamblea Constituyente, bajo la dirección de un Gobierno provisional, que fuera elegida por sufragio universal directo.

La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar a otras personalidades y fuerzas políticas. Así, tras el fallecimiento de O'Donnell el 5 de noviembre de 1867, los generales Prim y Serrano firmaron un acuerdo en marzo de 1868 por el que la Unión Liberal se sumaba al mismo. Con esto, aceptaban entrar en un nuevo proceso constituyente y en buscar una nueva dinastía. Narváez aumentó su política autoritaria. Las Cortes, cerradas en julio de 1866, fueron disueltas convocándose nuevas elecciones para principios de 1867. La influencia del Gobierno hizo que la Unión Liberal, quedara reducida a cuatro diputados, además se suprimió el voto de censura, reduciendo su capacidad para controlar al Gobierno. En abril de 1868 falleció Narváez, y la reina nombró al ultraconservador Luis González Bravo, que siguió con la política de su antecesor.

    El 16 de septiembre de 1868, Prim llegó a Cádiz procedente de Londres, y dos días después, se sublevaba el almirante Juan Bautista Topete al frente de la escuadra. El 19, tras la llegada desde Canarias del general Serrano y el resto de los generales comprometidos, Topete leyó un manifiesto redactado por Adelardo López de Ayala, justificando el pronunciamiento acabando con el grito «¡Viva España con honra!», que se haría célebre. El levantamiento se fue extendiendo por el país. Se formaron juntas provinciales movilizan a la población mediante promesas. En las ciudades, las juntas revolucionarias, formadas por demócratas y progresistas, asumieron el poder. El mismo día en que se hizo público el manifiesto, González Bravo dimitió, y la reina Isabel II nombró al general José Gutiérrez de la Concha, quien organizó el ejército a pesar de la falta de apoyo por parte de los mandos militares, enviándolo desde Madrid a Andalucía al mando del general Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, para acabar con la rebelión. Aconsejó a la reina que volviera a Madrid de su veraneo en San Sebastián, pero, nada más iniciar el viaje en tren, Concha le envió un telegrama pidiéndole que siguiera en San Sebastián, ya que la situación de las fuerzas leales había empeorado. El 28 de septiembre de 1868, tuvo lugar la decisiva Batalla de Alcolea, en la que la victoria fue para las fuerzas sublevadas mandadas por el general Serrano. Al día siguiente, el levantamiento triunfaba en Madrid; y, el día 30, Isabel II abandonaba España, terminando la resistencia de las fuerzas leales a la reina y el 8 de octubre se formaba un Gobierno provisional. Triunfaba la llamada Revolución de 1868 o La Gloriosa, que había puesto fin al reinado de Isabel II.

El Gobierno Provisional estaba presidido por el general Serrano (unionista) y con Prim (progresista) en el Ministerio de la Guerra, el almirante Juan Bautista Topete (unionista) en la cartera de Marina y Sagasta (progresista) en el de Gobernación. Quedaron fuera los demócratas, que no aceptaron el único puesto en el Gobierno que se les ofreció. Al proclamar el Gobierno Provisional que era favorable a la monarquía, rompiendo el compromiso del Pacto de Ostende por el que se mantendría neutral en cuanto a la forma de gobierno, el Partido Demócrata apostó por la república, cambiando su nombre por el de Partido Republicano Democrático Federal. Entonces, una minoría de demócratas, abandonaron el partido, uniéndose a la coalición de unionistas y progresistas que apoyaba al Gobierno provisional. Fueron los llamados «cimbrios». Aunque, en el seno del Partido Republicano Federal existían tendencias; una más conservadora, encabezada por Emilio Castelar que apostaba por una administración unitaria o centralista; un sector «centrista», encabezado por Francisco Pi y Margall, que defendía la República federal, una federación pactada de Estados regionales históricos, que aceptaba la legalidad y se oponía a la insurrección armada; y por último, estaban los «intransigentes», que eran partidarios de la insurrección para construir el Estado federal de «abajo arriba»; estos últimos, carecían de un líder claro, aunque seguían al veterano republicano José María Orense. Las bases sociales republicanas se encontraban en la pequeña burguesía; mientras que, las clases populares urbanas las constituían (artesanos, asalariados) y parte del movimiento obrero y campesino, antes de ser atraídos por las ideas anarquistas y socialistas.

    La convocatoria a Cortes Constituyentes se hizo, por primera vez, mediante sufragio universal masculino, entre los mayores de 25 años, votando el 70% del censo. El Parlamento quedó de la siguiente manera: progresistas (159 diputados), unionistas (69), republicanos federales (69), demócratas (20), carlistas (18), isabelinos o liberales moderados (14), y republicanos unitarios (2); que elaborarían y aprobarían en junio de 1869 la Constitución de la nueva monarquía. Además, las Cortes abolieron la esclavitud, que se limitó, de momento, a la «libertad de vientres»; la supresión total hubo de esperar hasta 1873 para Puerto Rico y a 1886 para Cuba. Simultáneamente a La Gloriosa, se produjeron las sublevaciones independentistas: Grito de Lares en Puerto Rico, y Grito de Yara que condujo a la Guerra de los Diez Años en Cuba. El Gobierno, también decretó la libertad de imprenta y de asociación; en la Universidad, se devolvieron sus puestos a los profesores represaliados; se tomaron medidas económicas, encaminadas a solucionar el déficit público, como la fijación de la peseta como unidad monetaria y se oficializó el sistema métrico decimal.

El triunfo de los partidos que defendían la monarquía, obligó al Gobierno a encontrar un nuevo rey para España. Mientras tanto, aplicando la Constitución, el general Serrano asumió la regencia. Encontrar un rey se convirtió en un grave problema, puesto que, las fuerzas políticas que habían derribado a Isabel II no se ponían de acuerdo en quién la debería sustituir: al duque de Montpensier, le apoyaban los unionistas; a Fernando de Sajonia-Coburgo, los progresistas., mientras las potencias europeas rivalizaban para colocar a su candidato en el trono vacante. El portugués Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha rechazó el ofrecimiento; la candidatura de Antonio de Orleans, duque de Montpensier y esposo de la hermana de la reina, María Luisa Fernanda de Borbón, no prosperó al matar en un duelo al infante Enrique de Borbón, hermano del esposo de Isabel II. El alemán Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen (según los españoles, debido a la dificultad de pronunciar su apellido: «Olé, olé, si me eligen»), contaba con el apoyo del canciller Otto von Bismarck; pero Napoleón III lo vetó temiendo que Francia quedara entre dos monarquías Hohenzollern. En medio de este enfrentamiento se desató la guerra franco-prusiana en julio de 1870. El futuro Alfonso XII fue rechazado por Prim, por el nefasto recuerdo del reinado de su madre Isabel II. Todo esto fue la causa hizo que esta opción fuera muy poco apoyada por los partidos monárquicos-democráticos españoles, tan solo quedaba la candidatura italiana de la casa de Saboya, impulsada por Prim desde el verano de 1870 convirtiéndose en su principal valedor.

    El 16 de noviembre de 1870, las Cortes Constituyentes eligieron a Amadeo de Saboya, duque de Aosta, segundo hijo del rey Víctor Manuel II de Italia, como nuevo rey de España. Votaron a favor 191 diputados, en contra 100 y hubo 19 abstenciones, 60 votaron por la república federal, 27 por el duque de Montpensier y 8 por el general Espartero. La solución, que solo satisfacía a los progresistas, fue aceptada con frialdad por la opinión pública, que nunca llegó a sentir el menor entusiasmo por el príncipe italiano. Tras jurar ante el Parlamento, Amadeo I fue proclamado rey de España el 2 de enero de 1871.

Su reinado fue el primer intento en la Historia de España de poner en práctica la Monarquía parlamentaria, aunque fue un sonoro fracaso ya qué solo duró dos años: del 2 de enero de 1871, al 10 de febrero de 1873, en que, Amadeo I, presentó su abdicación. Puestos a buscar una explicación, tendremos en cuenta que, el mismo día de la llegada a España del nuevo rey, era asesinado en Madrid el general Prim, víctima de un atentado que se había producido tres días antes. Prim, era el principal valedor del monarca, además de líder del Partido Progresista; su muerte abrió la pugna por la sucesión entre Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla, que acabó provocando la descomposición de aquella coalición destinada a ser el sostén de Amadeo I. Otra de las razones fue que Amadeo I, fue incapaz de integrar a la oposición que no reconocía su legitimidad, y que siguieron defendiendo: la república, la monarquía carlista o la monarquía alfonsina—. Los republicanos federales protagonizaron varias insurrecciones en Andalucía y Cataluña, manifestándose la falta de apoyo entre el pueblo, que no aceptó al nuevo monarca al que, burlándose, llamaba «Macarronini I» o «Macarrón I». Por su parte, los carlistas iniciaron una nueva ofensiva militar en 1872 —que se extendería hasta 1876—. Encabezados por el pretendiente Carlos VII, movilizaron unos 45.000 hombres, además de devolver el 16 de junio los fueros catalanes, aragoneses y valencianos suprimidos por Felipe V; creó un Gobierno en Estella, embrión de un Estado carlista con ayuntamientos y diputaciones organizados según el régimen foral, impulsores de las lenguas locales y las instituciones tradicionales anteriores a 1700. La insurrección tuvo éxito en Cataluña, Navarra, País Vasco y puntos aislados del resto de España, donde las tropas carlistas controlaron las zonas rurales, pero no las ciudades.

    Al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, el 10 de febrero, las Cortes, en una reunión de ambas no prevista en la Constitución de 1869, proclamaron la República el 11 de febrero de 1873 por 258 votos contra 32, nombrando como presidente del Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras. En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que supusieron una aplastante victoria del Partido Republicano Federal. Los diputados republicanos federales estaban divididos en tres grupos: Los intransigentes (60 diputados), que formaban la izquierda de la Cámara y proponían que las Cortes se declararan en Convención, asumiendo todos los poderes del Estado; también defendían introducir reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida del cuarto estado. No tenían un líder claro, aunque reconocían a José María Orense, marqués de Albaida; los centristas, liderados por Francisco Pi y Margall, coincidían con los intransigentes en que había que construir una república federal de arriba abajo; los moderados, la derecha de la Cámara, liderados por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón, defendían la formación de una república democrática que diera cabida a todas las opciones liberales, por lo que rechazaban la conversión de las Cortes en un poder revolucionario, constituían el grupo más numeroso de la Cámara, habían apoyado la monarquía de Amadeo I, a pesar de lo cual, no tuvieron problemas en proclamar el 8 de junio la república federal.

Cuando Estanislao Figueras, tuvo conocimiento de que algunos generales intransigentes preparaban un golpe de Estado para iniciar la república federal «desde abajo», al margen del Gobierno y de las Cortes, temiendo por su vida, el 10 de junio huyó a Francia. Le sustituyó el republicano federal centrista Francisco Pi y Margall, quien estableció como prioridad derrotar a los carlistas y la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República Federal. Pero se encontró con la oposición de los republicanos federales intransigentes, porque en su programa no se habían incluido algunas de sus reivindicaciones, aunque lo que, en verdad, reclamaban era que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución, se constituyeran en Convención, de la que emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo; propuesta que fue rechazada por Pi y Margall, y por la mayoría de diputados centristas y moderados que apoyaban al Gobierno. La respuesta de los intransigentes a la política de «orden y progreso» del Gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, acusando al Gobierno de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República federal, exhortaron a la inmediata formación de cantones, para construir la república de abajo arriba, lo que iniciaría la rebelión cantonal. Para dirigirla se formó en Madrid un Comité de Salud Pública, dos semanas después de la retirada de las Cortes, la revuelta era un hecho en Murcia, Valencia y Andalucía. Pi y Margall, para acabar con la rebelión cantonal, se negó a aplicar las medidas de excepción, ya que confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal y la vía del diálogo, haría entrar en razón a los sublevados. Aun así, no dudó en recurrir a la represión. Pero, como no consiguió detener la rebelión cantonal, el sector moderado le retiró su apoyo el 17 de julio votando a favor de Nicolás Salmerón. Al día siguiente, Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.

    El lema del nuevo Gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley». Para sofocar la rebelión cantonal, tomó medidas duras, destituyó a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado a los cantonalistas y nombró generales, aunque fueran contrarios a la República federal, para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y Valencia que pusieran fin a la rebelión; movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo, autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas. Gracias a estas medidas, fueron sometidos los distintos cantones, excepto el de Cartagena, que resistiría hasta el 12 de enero de 1874. Nicolás Salmerón renunció a su cargo al no querer firmar las sentencias de muerte de varios soldados acusados de traición, ya que era absolutamente contrario a la pena de muerte. Para sustituirle, las Cortes eligieron el 7 de septiembre a Emilio Castelar, el cual consiguió la concesión de facultades para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal, y la suspensión de las sesiones de Cortes, desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874, lo que supuso paralizar el debate y la aprobación del proyecto de Constitución federal. También le permitieron gobernar por decreto, lo que utilizó para reorganizar el Cuerpo de Artillería, llamar a los reservistas, convocar una nueva leva, y lanzar un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra.

    A finales de noviembre, el Gobierno Castelar ordenó al general Ceballos, quien dirigía el sitio de Cartagena tras la dimisión de Martínez Campos, bombardear Cartagena para quebrantar el ánimo de los defensores. El bombardeo comenzó el 26 de noviembre de 1873, sin previo aviso, y se prolongó hasta el 12 de enero de 1874, último día del asedio; causando 800 heridos y 12 muertos, y destrozos en la mayoría de los inmuebles. El bombardeo fue respondido por los cañones de los castillos de Cartagena y de las fragatas, pero sin causar grandes daños debido a la dispersión de las fuerzas gubernamentales. Pero las defensas de Cartagena seguían intactas, por lo que el general Ceballos presentó la dimisión; siendo sustituido el 10 de diciembre por el general José López Domínguez, también antirrepublicano y sobrino del general Serrano, líder del monárquico Partido Constitucional. Castelar le insistió en que debía rendir Cartagena, costara lo que costara, antes del 2 de enero, fecha prevista para la reapertura de las Cortes.

Al reabrirse las Cortes, a las dos de la tarde del 2 de enero de 1874, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, tenía preparadas a sus tropas en caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. Pasada la medianoche, se produjo la votación de la cuestión de confianza, en la que el Gobierno salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a Castelar a presentar la dimisión. Entonces, Pavía partió hacia el Congreso de los Diputados con los regimientos comprometidos. Al llegar, la Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a sus órdenes. Tras ordenar al presidente del Congreso de los Diputados, Nicolás Salmerón, que lo desalojara, fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los pasillos, y los diputados lo abandonaron rápidamente. Pavía justificó el golpe afirmando que lo había dado por «la salvación del Ejército, de la libertad y de la patria». El general Pavía intentó que se formara un Gobierno nacional presidido por Emilio Castelar. Pero éste rehusó a reunirse con los líderes políticos constitucionales, radicales, alfonsinos y republicanos unitarios que Pavía había convocado, al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. En la reunión, Pavía defendió la república conservadora, por lo que impuso al republicano unitario Eugenio García Ruiz como ministro de la Gobernación y nombró al general Serrano jefe del nuevo Gobierno. Por lo que, el golpe de Pavía supuso el final de la Primera República Española.

    Francisco Serrano formó un Gobierno de concentración que agrupó a constitucionales, radicales y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales. Su principal objetivo fue acabar con la rebelión cantonal y con la guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno. Quedaba así establecida la dictadura de Serrano, pues no existían Cortes que controlaran la acción del Gobierno ni ley suprema que delimitara sus funciones; porque, aunque restableció la Constitución de 1869, a continuación la dejó en suspenso «hasta que se asegurase la normalidad de la vida política».Recién formado el nuevo Gobierno, se puso fin a la rebelión cantonal con la entrada en Cartagena el 12 de enero del general José López Domínguez. Las primeras medidas que tomó pusieron de manifiesto su carácter conservador.

    El 26 de febrero, Serrano marchó al norte para encargarse de las operaciones contra los carlistas, dejando al general Juan de Zavala y de la Puente al frente del Gobierno y quedando él como presidente del Poder Ejecutivo de la República. Tras su éxito levantando el sitio de Bilbao, Serrano reforzó su posición en el Gobierno con el nombramiento en mayo de Sagasta al frente del ministerio de la Gobernación, lo que provocó la salida de los tres ministros radicales y del único ministro republicano, el unitario Eugenio García Ruiz, formándose un Gobierno exclusivamente constitucional que siguió presidido por el general Zavala; el cual fue sustituido el 3 de septiembre por Sagasta, tras evitar que intentara que los republicanos volvieran al gobierno, ya que en aquel momento los constitucionales propugnaban la restauración parlamentaria y democrática del príncipe Alfonso. Serrano nombró a Andrés Borrego para que negociara con los alfonsinos de Antonio Cánovas del Castillo, el cual rechazó las propuestas de los constitucionales, porque suponía reconocer la Jefatura del Estado de Serrano.

    El 1 de diciembre, Cánovas tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso. En él se definía como «hombre del siglo, verdaderamente liberal», afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales con la monarquía, y vinculaba los derechos históricos de la dinastía legítima —los Borbón— con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan. Era la culminación de la estrategia que Cánovas había diseñado desde que asumiera la jefatura de la causa alfonsina el 22 de agosto de 1873, que, como le había explicado a la exreina Isabel y al príncipe Alfonso en sendas cartas de enero de 1874 —tras el golpe de Pavía—, consistía en crear «mucha opinión en favor de Alfonso» con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía». Aunque Cánovas no deseaba que fuera obra de un pronunciamiento militar, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. Serrano optó por no presentar resistencia. El 31 de diciembre de 1874 se formó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra.

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Ramón Martín