Segunda República Española-Tras el fin de la guerra llega el exilio
Finalizada
la Guerra Civil, con la victoria del bando sublevado, se instauró el gobierno
del general Franco, que fue reconocido por las principales
potencias, y como consecuencia, las instituciones del gobierno de la República
pasaron al exilio, siendo admitidas de facto por algunos países y
extraoficialmente por otros. Tras ingresar España en la ONU, tan solo México y
Yugoslavia siguieron aceptando al gobierno de la República en el Exilio. Con la
instauración de la monarquía de Juan Carlos I de Borbón y la consiguiente
transición democrática, se disolvió el gobierno de la República en el Exilio. La
sede de este gobierno en el exilio se ubicó primero en la Ciudad
de México, trasladándose, el 8 de febrero de 1946, París. El 21 de junio de
1977, al proclamarse los resultados de las elecciones generales celebradas en
España el 15 de junio anterior, anunciaba su disolución.
Un mes antes de acabar la guerra, el
27 de febrero de 1939, Francia y Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco
como el gobierno legítimo de España, tras obtener unas imprecisas garantías de
que no se ejecutaría a los españoles no delincuentes. Al día siguiente se hacía
oficial la renuncia a la Presidencia de la República de Manuel Azaña Díaz, abriéndose el proceso de su
sustitución provisional por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, tal como establecía el
artículo 74 de la Constitución Republicana de 1931. El 3 de
marzo se reunía en París la Diputación Permanente de las Cortes republicanas
para confirmar a Martínez Barrio como presidente interino de la República,
aunque por lo acordado, este ostentaría el cargo con el objetivo de liquidar,
con el menor daño posible, la situación de los españoles. Antes de aceptar, pidió
a Negrín su conformidad con la política establecida
por la Diputación Permanente y así regresar a España, acompañado por el
general Vicente Rojo Llull. Negrín aceptó siempre que no se
produjeran represalias y persecuciones por parte de los vencedores. Pero el
radiograma por el que Martínez Barrio pedía la conformidad a Negrín nunca llegó
a su destino, posiblemente interceptado por el coronel Segismundo Casado, consciente de que ponía en
peligro sus planes. Al no recibirse el mensaje, Martínez Barrio ni asumió el
cargo ni regresó a España, y la presidencia continuó vacante.
El 27 de julio, a propuesta del
socialista Indalecio Prieto Tuero, se reunió la Diputación
Permanente de las Cortes republicanas en París y, aprobó una resolución, de
discutible constitucionalidad, Por la que consideraba al gobierno de Negrín
como disuelto y se otorgaba, a sí misma, el control de los recursos financieros
de la República. Para administrarlos, se creó la Junta de Auxilio a los
Republicanos Españoles (JARE), que controlaría Prieto. La JARE compitió en
la ayuda a los refugiados con el Servicio de Evacuación de Refugiados
Españoles (SERE), que había creado Negrín al acabar la guerra. El
control de la JARE y de sus recursos financieros provenientes del Tesoro del
Vita, le proporcionó a Prieto un poderoso instrumento para imponerse a
Negrín. El primer paso lo dio en mayo de 1940 cuando el Comité Nacional de
la UGT encabezado por Belarmino Tomás (prietista), disolvió la comisión
ejecutiva de mayoría negrinista sustituyéndola por otra presidida por él mismo.
El paso siguiente fue excluir a Juan Negrín, exiliado en Londres, y a sus
partidarios Ramón González Peña y Ramón Lamoneda de la comisión ejecutiva del
PSOE. Desalojados los negrinistas de las dos ejecutivas socialistas, Prieto se
centró en conseguir los apoyos necesarios con los monárquicos, apoyados por las
potencias democráticas, singularmente Gran Bretaña, para derrocar a Franco. Algo
que solo se podría alcanzar adoptando una política moderada, lo que obligaría a
los republicanos a aceptar la restauración de la monarquía, o al menos a
renunciar al restablecimiento de la República. Pero Prieto, inicialmente no
consiguió el apoyo ni siquiera de sus propios partidarios.
Por su parte, Juan Negrín estaba
exiliado en Gran Bretaña desde junio de 1940, donde se le prohibió
realizar actividades políticas, permaneciendo aislado del núcleo del exilio
republicano, que se encontraba en México. Se siguió considerando como el
legítimo presidente, tal como lo expresó en un discurso del 18 de julio de 1942
en el Holborn Hall de Londres, en el cual, también hizo un llamamiento a
la unidad de la oposición antifranquista. El 14 de abril de 1940, noveno
aniversario de la proclamación de la Segunda República española, Diego Martínez
Barrio publicó un manifiesto: «A todos los españoles», en el que
constataba que el Frente Popular ya no existía, por lo que proponía
restablecer la legalidad emanada de la Constitución de 1931, consultando
al país sobre la forma de gobierno, y alcanzar así la reconciliación nacional.
Un año más tarde, apareció un nuevo manifiesto con el mismo título firmado por
Martínez Barrio como presidente de Acción Republicana Española, una
nueva organización que aglutinaba a: Unión Republicana, Izquierda
Republicana y Partido Republicano Federal y a prominentes militares
del Ejército Popular. En este manifiesto no se contemplaba la
celebración de un referéndum para determinar la forma de gobierno, sino que
insistía en la legitimidad de la Segunda República española, aunque en un tono
muy moderado. Acababa haciendo un llamamiento a las democracias occidentales
para que ayudaran a derribar a Franco.
El 26 de febrero de 1939, la CNT,
junto con la FAI y la FIJL, constituyó en Francia el Movimiento
Libertario (ML), por el que las tres organizaciones anarquistas actuaron
conjuntamente. Pero, los anarquistas que combatían en la zona Centro-Levante
denunciaron que en el consejo del ML, sólo estaban representados los
anarquistas catalanes y aragoneses, y que estaba dominado por los partidarios
de seguir participando en las instituciones republicanas, como Germinal Esgleas
o su compañera Federica Montseny. En
la primavera de 1942, el Movimiento Libertario en el exilio vivió una grave
crisis al estallar las tensiones latentes entre Juan García Oliver y Aurelio Fernández, y
Esgleas y Montseny. En la reunión que mantuvieron en México, los primeros
presentaron un documento para su discusión titulado «Ponencia» pero salieron
derrotados, por lo que decidieron formar su propia organización, una nueva CNT,
mientras que el portavoz de los «anticolaboracionistas» fue Solidaridad Obrera.
La Segunda Guerra Mundial, dejo de ser
considerada una guerra imperialista en la que España no debía intervenir, para
convertirse, desde la invasión de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941,
en una guerra de agresión de los nazis para conseguir su hegemonía mundial. Como
consecuencia, el PCE propuso el 1 de agosto de 1941 formar una Unión
Nacional de todos los españoles contra Franco, los invasores italo-germanos y
los traidores, aglutinando a todos los españoles. El llamamiento no sólo
iba dirigido a la izquierda, sino, también, a los monárquicos y a todos los
conservadores que quisieran apartarse del franquismo. El primer fruto de esta
nueva doctrina fue la Unión Democrática Española (UDE), que fue constituida
en México en febrero de 1942 estando integrada por el PCE y los sectores
«negrinistas» del PSOE y la UGT, de Izquierda Republicana (IR) y la Unión
Republicana (UR), el Partido Republicano Federal (PRF) y la Unió de Rabassaires,
mientras que los comunistas catalanes del PSUC formaron en mayo su propia
UDE con el nombre de Aliança Nacional de Catalunya (ANC), en la que
participaron Juan García Oliver, Aurelio Fernández Sánchez y Josep Calvet, y
que acordaron reconocer al presidente de la Generalidad en el exilio, Josep
Irla, como la más alta autoridad constitucional catalana. Más, en septiembre de
1942 el PCE hizo público un manifiesto, difundido por Radio España
Independiente, en el que ya no mencionaba ni el gobierno de Negrín ni
la Constitución de 1931, proponiendo en su lugar, la celebración de elecciones
democráticas que dieran lugar a la formación de una Asamblea constituyente que
elaborara una carta constitucional que garantizara la libertad, la
independencia y la prosperidad de España. Este viraje respondía a la política
de Stalin de considerar a la península ibérica como una parte de la esfera de
influencia de Occidente. Juan Negrín respondió rompiendo con los
comunistas, al igual que con los republicanos refugiados en Gran Bretaña, por
lo que, en febrero de 1943 la UDE se disolvió. Sin embargo, los socialistas y
los republicanos «negrinistas», a diferencia del propio Negrín, no rompieron
sus vínculos con el PCE.
El gobierno de Euskadi siguió
actuando en el exilio francés, pero al invadir Alemania suelo francés, el lehendakari
José Antonio Aguirre tuvo que esconderse durante más de un año en Bélgica y
Berlín, mientras tanto, Manuel de Irujo, refugiado en Londres, asumió el
liderazgo del nacionalismo vasco, y el 11 de julio de 1940 creó el Consejo
Nacional de Euskadi (CNE), con un programa independentista, rechazando
el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936, que había sido aprobado
por las Cortes republicanas. En cuanto José Antonio Aguirre consiguió llegar a
Argentina a finales de 1941, retomó la dirección del nacionalismo vasco
desautorizando el proyecto independentista de Irujo. En cuanto al gobierno
catalán, el presidente de la Generalidad Lluís Companys, al fracasar en su
intento de formar un nuevo gobierno en el exilio, optó por nombrar un Consell
Nacional de Catalunya, con personalidades relevantes de la vida pública y
bajo la presidencia de Pompeu Fabra. Tras capitular Francia, Companys fue
detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas. Sometido
a un consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a muerte y fusilado en el
castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940. La presidencia de la
Generalidad la asumió el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña.
Josep Irla.
Diego Martínez Barrio, presidente
Unión Republicana y de la ARE, intentó conseguir la unidad de todas las
fuerzas antifranquistas del exilio. Hizo llegar a Indalecio Prieto, una
propuesta para formar una junta que integrase a todas las personalidades de la
oposición republicana. Los socialistas aliados a Prieto aceptaron, y el 11 de
noviembre de 1943 se reunieron, en el domicilio de Abelló en la ciudad de
México. Los debates se centraron en las propuestas contradictorias de Martínez
Barrio y de Prieto. El primero defendía que el objetivo debía ser el
restablecimiento de la República, mientras el segundo abogaba por celebrar un
referéndum que decidiera la forma de gobierno y atraerse así a los
monárquicos que no apoyaban a Franco. Se llegó a una posición intermedia entre
las dos alternativas, lo que permitió el nacimiento el 20 de noviembre de 1943,
de la Junta Española de Liberación (JEL), presidida por Martínez
Barrio. Era la primera alianza amplia de las fuerzas republicanas en el exilio
desde el final de la guerra civil, actuando ante los aliados como
un gobierno provisional, a pesar de que la JEL no aglutinaba a todas las
fuerzas antifranquistas. Habían quedado fuera el PCE y los socialistas y
republicanos partidarios de Negrín. El PCE y los anarquistas buscaban
forzar la situación en el interior de España, no atendiendo las gestiones de
Martínez Barrio, ya que consideraban posible la caída de Franco después de que
la Alemania nazi y la Italia fascista aparecían, ya a mediados de 1944,
como los futuros vencidos en la guerra. Los comunistas y sus aliados acusaban
que la mayor parte de los republicanos se definían por una política de esperar,
lo cual implicaba esperar la caída de Franco sin realizar actos de gran
envergadura para conseguirlo, considerando que el derrumbe del franquismo se
veía inevitable.
El PCE contaba con un importante contingente
armado, basado en guerrilleros españoles que habían luchado con la
Resistencia Francesa; también habían patrocinado, desde noviembre de 1942, la Unión
Nacional Española, como frente antifranquista bajo la dirección de
comunistas españoles, pero otros partidos republicanos no se unieron a la
misma. Sin desanimarse, en el verano de 1944 la jefatura del PCE, planificó que el maquis penetrase en suelo
español para iniciar un levantamiento contra Franco, partiendo de sus bases al
norte de los Pirineos (Operación Reconquista de España), que dio comienzo el 19
de octubre de 1944 con la entrada de 4.000 guerrilleros por el Valle de Arán;
pero el ataque fue repelido tras varios días de combates, sin que estallase el
necesario levantamiento revolucionario, y las columnas
del maquis debieron retornar a Francia. La jefatura más ortodoxa del
PCE, liderada por Santiago Carrillo, destituyó a Monzón y mantuvo
sólo algunos reductos de maquis operando en España, considerando que era
un grave error promover una revuelta armada cuando la dictadura franquista
era potente. El rechazo de la URSS a apoyar a las guerrillas comunistas
en suelo español, evitando incomodar a Gran Bretaña y a Francia, obligó a los
comunistas a abandonar la lucha, cesando su apoyo en 1948.
A principios de noviembre de 1944
corrió la noticia por la ciudad de México de que Negrín —que seguía
considerándose el presidente del gobierno en el exilio— se disponía a
viajar a la capital mexicana, provocando que, Martínez Barrio, reuniera con urgencia,
el 10 de noviembre a la Diputación Permanente, para comunicar a sus
miembros que iba a convocar a las Cortes con el objetivo de crear un gobierno
que ejerciera sus funciones. Sin embargo, los «prietistas» se opusieron, alegando
que la iniciativa era prematura, aunque en realidad el motivo principal era que
Prieto mantenía su proyecto de alcanzar un acuerdo con los monárquicos
opuestos a Franco, además de que a la reunión de las Cortes asistiría Negrín
junto con los que le apoyaban. Pero en una nueva reunión de la Diputación
Permanente, celebrada el 15 de noviembre, los socialistas partidarios de
Prieto, aceptaron la propuesta de que la sesión de las Cortes se celebrara el
10 de enero de 1945 para constituir un Consejo Nacional de la República
española, a condición de que en él estuvieran Prieto y Fernando de los Ríos,
en representación de los socialistas, Álvaro de Albornoz y José Giral, por los republicanos, y Lluís Nicolau
d’Olwer, por los nacionalistas catalanes y vascos, además de los presidentes
José Antonio Aguirre y Josep Irla. El PCE abandonó su política de unión
nacional, manifestando que sus diputados acudirían a la reunión de las
Cortes, dando su apoyo a Negrín, absteniéndose de votar si este no asistía. El
PNV comunicó que sus diputados asistirían, por lo que Manuel de Irujo dimitió como
portavoz de la minoría vasca, al estar en desacuerdo con la decisión.
El 1 de diciembre de 1944 Martínez
Barrio viajó a Washington para intentar conseguir el apoyo del departamento de
Estado de EE. UU., anunciando que se iba a formar un gobierno provisional de la
República española, que se instalaría en España en cuanto cayera el régimen
franquista, tras la previsible derrota de Alemania. Ante dicho anuncio, Juan
Negrín escribió desde Londres, donde se encontraba exiliado, que él era
todavía el presidente del gobierno de la República y que no se podía tomar ninguna
decisión sin contar con él. La reunión de los diputados republicanos en México
tuvo lugar el 10 de enero de 1945. Estuvieron presentes 72, de los 205 que
vivían en el exilio. Fue la primera reunión de las cortes de la República en el
exilio, y se celebró en el Club Francés de la capital mexicana, rindiéndose
un homenaje a los diputados muertos en la guerra. Como sólo asistieron 72
diputados —aunque otros 49 se adhirieron por escrito—, los prietistas arguyeron
que no existía el quórum necesario para dar validez a la reunión, por lo que,
en la segunda sesión, prevista para el 17 de enero, no se podría aprobar la
formación del Consejo Nacional de la República española, además añadieron
que boicotearían las sesiones de las Cortes si en ellas participaban los
diputados comunistas y aquellos que, habiendo obtenido su acta en nombre de
nuestro partido, no se mantuvieran dentro de la disciplina de éste, aludiendo a
los negrinistas y a los caballeristas, que habían pedido no realizar una nueva
sesión de las Cortes hasta que no llegase Negrín. En consecuencia, la
proyectada sesión del día 17 de enero quedó aplazada.
Cuando se celebró la Conferencia de
Yalta, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, no existía un gobierno
provisional republicano, y los Tres Grandes, acordaron que, todos los países
liberados y los que actuaron en la órbita del nazismo elijan libremente a sus
gobiernos por medio de elecciones libres, lo que suponía una amenaza directa
para la supervivencia del régimen franquista. Un día después mediante un
manifiesto, la Junta Española de Liberación, pedía que los aliados
quitaran de en medio a dictadura franquista, para que España pudiera integrarse
en las Naciones Unidas. El 10 de marzo de 1945 el presidente Roosevelt informó
a su embajador en Madrid, que «nuestra victoria frente a Alemania
conllevará el exterminio del nazismo e ideologías afines», por lo que «no
hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los
principios del fascismo». Lo que, inmediatamente, fue comunicado al
ministro de Asuntos Exteriores español. Por lo pactado en Yalta, el régimen
franquista quedó excluido de la Conferencia de San Francisco que
daría nacimiento a la ONU, y a la que sí fueron invitados, como observadores, los
políticos republicanos en el exilio. El 19 de junio dicha Conferencia aprobó
una resolución a propuesta del delegado de México, que fue y apoyada por
los delegados francés y estadounidense, en la que se condenó a todos los
regímenes que habían surgido gracias al apoyo de la Alemania nazi y de la
Italia fascista
De nuevo, el 17 de agosto de 1945, las
Cortes exiliadas se reunieron en la Sala de Cabildos de la ciudad de
México, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado en Europa. En dicha
reunión se procedió a la promesa de Diego Martínez Barrio, como presidente
interino y, en sus reuniones del 7 al 9 de noviembre de 1945 en la ciudad de
México, a dar su voto de confianza al nuevo gobierno de la República presidido
por José Giral, el cual reunió un conjunto de fuerzas políticas, aunque, en
realidad, la unidad republicana no existía en sus hechos. El Gobierno de Rodolfo Llopis, nombrado en febrero de 1947 no
prescindió del PCE, como hubiera querido Indalecio Prieto, estando representados
desde el PNV vasco a la CNT. Una de sus decisiones fue encargar a Trifón
Gómez el inicio de contactos con Juan de Borbón, que no tuvieron éxito, por lo que,
el PSOE abandonaría el gobierno republicano en julio del mismo año, no retornando,
para así intentar desvincularse de los comunistas, que estaban saliendo de
todos los gobiernos de Europa Occidental, a causa de la Guerra Fría.
La entrevista entre Indalecio Prieto y
José María Gil Robles, por iniciativa de Gran
Bretaña, en octubre de 1947, no consigue una aproximación entre izquierdas y
derechas opuestas a Franco, causando problemas a los monárquicos próximos a la
dictadura franquista, que esperaban contar con el apoyo de Gil-Robles para su
causa. Juan de Borbón se reúne, en el yate Azor, con Franco, para confiarle la
educación de su hijo Juan Carlos de Borbón, al mismo tiempo que
permite la firma del Pacto de San Juan de Luz entre el PSOE y la Confederación
de Fuerzas Monárquicas, en agosto de 1948, con cinco días de diferencia,
aunque Juan de Borbón, posteriormente, rehusó reconocer acuerdo alguno con el
PSOE y desautorizó a los monárquicos que lo habían acordado. Al mismo tiempo
que ese acuerdo se hacía público, el PCE decidía, en octubre de 1948,
poner fin a las actividades del maquis, puesto que era imposible acabar con el
régimen franquista mediante la lucha armada y optando por la política de reconciliación
nacional; dos de las principales corrientes de exiliados (PCE y PSOE) actuarán
sin contar con la República en el exilio. La desunión entre los republicanos
exiliados es bien conocida por los gobiernos aliados, así como la ausencia de
un gobierno republicano unificado; la ausencia de reconocimiento a la República
tras establecerse la ONU enfría los ánimos de los republicanos exiliados.
México fue el primer país en
reconocer como legítimo al gobierno en el exilio de la Segunda República
española, constituido como tal en agosto de 1945, decisión que fue
mantenida por el Estado mexicano hasta 1977, cuando las relaciones diplomáticas
entre México y España se restablecieron. Reconocimiento por el que México,
desde su acogida en 1939, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, se plasmó
en diversas facilidades para establecerse en suelo mexicano. Situación que no dificultó
que, en la práctica, ambos países mantuvieran relaciones comerciales y
culturales durante más de treinta años, pese a la ausencia de contacto
diplomático. Los países de Europa Oriental bajo influencia soviética:
Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía, rehusaron
establecer relaciones diplomáticas con la España franquista, aunque si reconocieron
a la República española en el exilio tras concluir la Segunda Guerra Mundial.
Pese a lo cual, la URSS nunca emitió un reconocimiento oficial del gobierno
exiliado y cuando el PCE se apartó definitivamente de dicho gobierno, los
países aliados de la URSS retiraron su reconocimiento a la República española
en el exilio, justificando tal decisión en que la ONU tampoco la
reconocía. Una excepción a esta política fue Yugoslavia, que tras la ruptura
política con la Unión Soviética en 1948 reconoció a la Segunda República
española como único gobierno legítimo de España hasta 1977,
Con las primeras tensiones de la
Guerra Fría, el aislamiento del régimen franquista empieza a ser descartado por
los Estados Unidos, quien, con la Doctrina Truman, está dispuesto a
otorgar ayuda financiera y política a todo país que se oponga al comunismo soviético.
En 1950, en plena Guerra de Corea, el gobierno de Franco consigue el apoyo
de los EE.UU. para revocar la prohibición de establecer delegaciones
diplomáticas y, posteriormente, poder ingresar en la ONU, el 14 de diciembre de
1955. A partir de entonces, el gobierno republicano en el exilio pierde toda
opción de ser tomado en cuenta por los Estados Unidos y por sus aliados. Para
entonces, el régimen franquista se ha posicionado como aliado de los EE. UU. en
su anticomunismo, explotando la posición geográfica; mientras, el franquismo
termina de suprimir los últimos vestigios de su adhesión al fascismo, y consigue
que el apoyo como gobierno de facto de España genere una
aceptación de jure, y los apoyos internacionales al franquismo se
fortalecen hasta romper el aislamiento internacional de posguerra, en perjuicio
del gobierno republicano en el exilio. Empieza por el apoyo de la Santa Sede a
España, mantenido desde 1939 y plasmado en el Concordato de 27 de agosto
de 1953 y, posteriormente, con los pactos de asistencia bélica celebrados entre
España y Estados Unidos, del 26 de septiembre del mismo año, que fueron asegurados
con una visita oficial del presidente Dwight D. Eisenhower en diciembre de
1959. El 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de la ONU derogaba
la resolución de diciembre de 1946 cuando se condenaba al régimen franquista. A
raíz de lo cual, el Gobierno de Álvaro de Albornoz presentó la dimisión,
pero el presidente de la República le ratificó su confianza. Sin embargo,
Albornoz desde México, a donde había marchado dejando en Francia a su gobierno,
envió a Martínez Barrio una carta el 8 de julio de 1951 en la que le presentaba
su renuncia irrevocable. Entonces el presidente de la República encargó la
formación de Gobierno a Félix Gordón Ordás,
integrado por miembros de Unión Republicana (UR) y por Joan Puig i Ferreter de
Esquerra Republicana y por Julio Just a título personal, porque su partido
Izquierda Republicana (IR) se mostró en desacuerdo con la línea de acción que
quería seguir Gordón Ordás. Ante la entrada de la España franquista en la ONU
en 1955, UR, IR, PRF, PSOE, POUM, CNT, ERC y PNV hicieron público un manifiesto
en el que se comprometían a derribar a Franco por todos los procedimientos y
sustituirlo por un Gobierno provisional de carácter nacional, sin signo
institucional definido, que otorgase una amplia amnistía, restaurase las
libertades públicas y convocase elecciones para que el pueblo español, con
pleno derecho y absolutas garantías, pudiera optar por el régimen de su
preferencia.
Como respuesta a la entrada de Franco
en la ONU, Gordón Ordás formó un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por
personas vinculadas a UR o sin partido, y que se mantuvo hasta 1959. Durante
este segundo mandato Gordón Ordás mantuvo contactos con las agrupaciones
políticas clandestinas del interior, consciente de que la España de mañana ha
de ser para los jóvenes y no para nosotros, lo que acabaría provocando la
crisis de su gobierno. Para las nuevas generaciones antifranquistas la forma de
gobierno se había convertido en tangencial, lo fundamental era devolver la
democracia a España. En febrero de 1959 las conversaciones mantenidas durante
varios años por UR y IR para fusionarse, en las que también participó el
Partido Republicano Federal, llegaron a buen término y así nació Acción Republicana
Democrática Española (ARDE). En el Manifiesto Fundacional de julio de 1959
ARDE asumía la tradición del republicanismo liberal español. Cincuenta y dos firmantes
de dicho Manifiesto residían en México, y treinta en Francia, solo seis eran
del interior. En su inmensa mayoría pertenecientes a las clases medias. Siendo
su órgano de expresión la revista República editada en París.
La visita del presidente Eisenhower
realizada en 1959, fue considerada como el fin del aislamiento internacional
del régimen franquista, lo que indignó a los republicanos. El gobierno
republicano presidido por Félix Gordón dimitió, siendo sustituido por uno
encabezado por el general republicano Emilio Herrera,
gobierno que duró unos pocos meses porque el 1 de enero de 1962 moría el
Presidente de la República Martínez Barrio, siendo sustituido de forma interina
por Luis Jiménez de Asúa,
presidente de las Cortes en funciones. Asúa que residía en Buenos Aires, encargó
la formación de gobierno a otro exiliado residente en la capital argentina, Claudio Sánchez
Albornoz, que se trasladó a París y allí no tuvo otra opción que
constituir su gobierno contando con los de siempre. Sánchez Albornoz no fue
invitado a la reunión que mantuvieron en Múnich en junio de 1962 representantes
de la oposición antifranquista del exilio y del interior, que la prensa
controlada por el régimen llamó el contubernio de Múnich. En noviembre
de 1970 falleció Jiménez de Asúa siendo sustituido en la Presidencia de la
República por José Maldonado.
Este le reiteró su confianza a Sánchez Albornoz, pero como no pudo formar un
gobierno más representativo dimitió en febrero de 1971. Maldonado encargó
entonces la formación de gobierno a Fernando Valera que
constituyó uno integrado por republicanos de ARDE más un independiente,
Antonio Alonso Baños. El 31 de mayo de 1971 se reunió en París la Junta
Permanente del Estado de la República Española, estando presentes: José
Maldonado (presidente de la República); Joan Casanelles (de las Cortes); Fernando
Valera (del Gobierno); los expresidentes del Gobierno Rodolfo Llopis, Félix
Gordón, Claudio Sánchez Albornoz y Julio Just; el presidente de la
Generalidad de Cataluña, Josep Tarradellas; y el del Gobierno Vasco, Jesús
María de Leizaola. Todos reiteraron su compromiso con las instituciones
republicanas y declararon ilegales, la Ley Orgánica del Estado y la
Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado por lo que el príncipe
Juan Carlos, nombrado, en julio de 1969, por Franco para sucederle, carecía de legitimidad.
Tras un periodo de poca relevancia en
la década de 1970, la República en el exilio se pronuncia tras las elecciones
del 15 de junio de 1977 tras casi 38 años de permanecer fuera de España.
Poco después de estas elecciones, el último presidente de la República en el
exilio, José Maldonado, junto con el último presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Varela Aparicio, emiten una Declaración, el 21 de junio de
1977, en París. En dicho texto, reafirman la legalidad institucional emanada de
la Constitución de 1931 y la validez de los procesos electorales de 1931, 1933
y 1936, mantenida durante el exilio. Elogian que las urnas marquen un nuevo
proceso que crea una nueva legitimidad democrática, al tiempo que señalan la no
participación de los partidos republicanos en las elecciones y la no
correspondencia entre el número de votos y escaños asignados.
Los líderes de la República acaban
manifestando que: Las Instituciones de la República en el exilio ponen así
término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han
mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de
haber cumplido con su deber. Con ello, el gobierno republicano en el exilio
se disuelve oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer
expresamente a la monarquía instaurada en 1975 pero aceptando implícitamente la
validez y legitimidad de las elecciones de 1977 y explícitamente la democracia
surgida de ellas.
OTRAS
PÁGINAS DE ESTA MISMA SERIE:
Segunda
República Española-Antecedentes: LEER AHORA
Segunda
República Española-Cinco años antes de…: LEER AHORA
Segunda
República Española-Julio de 1936, la sublevación militar ha llegado. LEER AHORA
Segunda República Española-Guerra española de
1936-1939: LEER AHORA
BIBLIOGRAFÍA
Segunda República de Rubén Buren
Breve Historia de la Segunda República Española de Luis F.
Iñigo Fernández
La Revolución española, vista por una republicana de Clara
Campoamor
Segunda República Española (1931-1936) de Julio Gil
Pecharromán
Historia de la Segunda República Española de Luis Palacios
Bañuelos
Historia de la Segunda República Española de Victor Alba
WikipediA
Crónica de la Guerra Española de la Editorial Codex, S.A.
Buenos Aires (Argentina)
Diversos capítulos de mis Blogs Personales: COSAS DE
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