Mariano Rajoy Brey. 207º Presidente en 2011-2016, 208º en 2016-2018.

Decimoquinto Presidente del Gobierno en el reinado de don Juan Carlos I (1975-2014) desde el 21 de diciembre de 2011 al 4 de noviembre de 2016.

Primer Presidente del Gobierno en el reinado de don Felipe VI (2014-...) desde el 4 de noviembre de 2016 al 7 de junio de 2018.



    Nacido el 27 de marzo de 1955 en Santiago de Compostela, pasó su infancia y adolescencia en tierras gallegas y leonesas. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Discípulas de Jesús de León; pasó luego al Colegio Sagrado Corazón de los Jesuitas de la capital leonesa, donde empezó a cursar el bachillerato, que terminó en un instituto público de Pontevedra. Buen estudiante, decidió estudiar derecho en la universidad de su ciudad natal. Se licenció en 1977, y al año siguiente aprobó con el número diez de su promoción las oposiciones de registrador de la propiedad, puesto que ejerció en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo los dos años siguientes. 

    Inició su carrera política en 1981, cuando fue elegido diputado por Alianza Popular (AP) en las primeras elecciones autonómicas, celebradas el 20 de octubre. En 1983 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Pontevedra, y el 11 de junio de 1986 fue designado presidente de la Diputación de Pontevedra. En las elecciones generales de 1986 resultó elegido diputado nacional por la lista de Pontevedra, aunque renunció a su escaño en las Cortes Generales para ocupar la vicepresidencia de la Xunta de Galicia, puesto en el que se mantuvo hasta septiembre de 1987.

    En el IX Congreso del Partido Popular (PP), celebrado en enero de 1989, fue elegido vocal dentro de la Ejecutiva Nacional, y en el congreso siguiente en junio de 1990, fue designado vicesecretario general de organización, a instancias de José María Aznar, lo que supuso toda una sorpresa, Rajoy sustituyó a Arturo Moreno, que causó baja en el partido por su presunta implicación en el “caso Naseiro”, relacionado con la financiación irregular del PP. En 1992 se convierte en el dirigente popular que llevó el peso del diálogo en la firma de los pactos autonómicos entre el gobierno de Felipe González y José María Aznar. Fue el único documento que firmaron ambos dirigentes, lo que le supuso granjearse el respeto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como hábil y astuto negociador político.

    En 1996, a los cuarenta y un años de edad, Mariano Rajoy contrajo matrimonio, la ceremonia, se celebró en la localidad de La Toja (Pontevedra), fue discreta y corrió a cargo de un cura anarquista, amigo de uno de los hermanos del contrayente. La esposa de Rajoy, Elvira Fernández Balboa. Ambos se conocieron en 1993 cuando veraneaban en la localidad de Sanxenxo, en la costa gallega. Son padres de un hijo.

    En marzo de 1996, el PP alcanzó el poder después de trece años de gobierno socialista. El presidente del gobierno, José María Aznar, llamó a Rajoy para que se hiciera cargo de Administraciones Públicas. Rajoy tuvo que gestionar los pactos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergència i Unió (CiU) y negociar todos los traspasos de competencias al País Vasco y a Cataluña a cambio del apoyo parlamentario de estas formaciones. Cuando concluyó el proceso, los líderes nacionalistas Xabier Arzalluz y Jordi Pujol solicitaron nuevas concesiones del gobierno central. Rajoy se negó a tramitar nuevas concesiones hasta una próxima legislatura.

    Las críticas de los nacionalistas arreciaron, pero Rajoy se mantuvo inamovible, lo que le sirvió para ganarse el respeto de Jordi Pujol, a pesar de las diferencias políticas. No consiguió lo mismo con el PNV, aunque entabló buenas relaciones con el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe. Su condición de político “todoterreno” llevó al presidente Aznar a nombrarle ministro de Educación, Cultura y Deportes, en la remodelación de gabinete del 18 de enero de 1999, en sustitución de Esperanza Aguirre, que fue designada como la primera presidenta del Senado.

    Durante su mandato se terminó de implantar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el territorio nacional, y en la inauguración del curso escolar 1999-2000 anunció una reforma en profundidad de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, modificó las normas para el acceso al título superior de la Formación Profesional, lo que levantó una encendida polémica con el Grupo Socialista.

    Además, se enfrentó a la reforma de la siempre polémica selectividad, que adquirió un carácter más favorable para los alumnos, dado que se estableció una mayor importancia para el expediente académico del bachillerato y se dio más peso a las asignaturas optativas relacionadas con las opciones elegidas por los estudiantes. En otros aspectos, potenció la política de becas y apostó por crear en España un distrito único universitario, una vieja aspiración de los rectores.

    Tras las elecciones generales de 2000, en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta, Rajoy fue nombrado vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, se erigió en uno de los políticos más cercanos al presidente del gobierno. En febrero de 2001 abandonó Presidencia para asumir el ministerio de Interior, en sustitución de Jaime Mayor Oreja, lo cual ponía de manifiesto la confianza que Aznar tenía depositada en él. Al frente de Interior, coordinó la lucha contra el terrorismo y afrontó la cuestión de la inmigración.

    Tras la remodelación del gabinete en julio de 2002, asumió una vez más la cartera de Presidencia, sin abandonar el cargo de vicepresidente primero del gobierno. El hundimiento del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, supuso un grave traspié en su carrera hacia la presidencia del gobierno. Rajoy se encargó de coordinar las acciones para afrontar las consecuencias de la marea negra, pero la lentitud y la desorganización con las que las autoridades reaccionaron ante la catástrofe y la precariedad de medios empleados para paliarla desacreditaron al gabinete de Aznar. A pesar de multiplicar sus apariciones públicas y de viajar en numerosas ocasiones a Galicia, Rajoy vio cómo su popularidad caía en picado.

    El apoyo del gobierno de Aznar a la invasión de Iraq en el 2003, pese a la oposición de la gran mayoría de los españoles, fue minando la confianza ciudadana en el PP. Se acercaban las elecciones del 2004, y Aznar había declarado reiteradamente que no se presentaría como candidato para un tercer mandato. La rumorología sobre la sucesión de Aznar se repartía entre Rajoy y el ministro de economía, Rodrigo Rato. Finalmente, sin embargo, saltó la sorpresa: Rajoy fue elegido secretario general del PP y candidato a la presidencia en agosto de 2003.

    Comenzaba con ello la carrera hacia las elecciones generales de marzo de 2004. Las encuestas daban como ganador al PP, con o sin mayoría absoluta, pero los brutales atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, dieron un vuelco a la situación. El gobierno del PP fue acusado de ocultar datos al presentar a ETA como responsable, cuando todos los indicios apuntaban a Al-Qaeda como respuesta a la participación española en la guerra de Iraq. Desde el gobierno se acusó a los socialistas de promover manifestaciones antidemocráticas contra los populares ante las sedes del partido durante la jornada de reflexión.

    Las elecciones se saldaron con la victoria del PSOE, aunque sin mayoría absoluta, y la pérdida del gobierno para el PP. Mariano Rajoy adaptándose a su nuevo papel de líder de la oposición. Menos agresivo que su predecesor, mantuvo sin embargo una línea firme y su oferta de consensuar con los socialistas los grandes temas de estado, como la configuración autonómica o la lucha contra el terrorismo, sin llegar a acuerdos significativos.

    Desde su responsabilidad como líder de la oposición criticó severamente las políticas del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de relaciones exteriores (retirada de las tropas españolas de Irak), derechos civiles (matrimonio entre personas del mismo sexo), terrorismo (contactos con ETA), educación y economía. Pero esta labor no cosechó los frutos esperados, puesto que los comicios generales de marzo de 2008 volvieron a ser favorables al PSOE.

    La recesión económica global iniciada en 2008 situó bajo mínimos la aceptación pública del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que se mostró incapaz de contener el incremento desenfrenado del desempleo. Convocadas elecciones generales anticipadas para el 20 de noviembre de 2011, Rajoy basó su mensaje electoral en los buenos dígitos económicos obtenidos por los gobiernos de la era Aznar. El resultado de las urnas fue claro: el PP se impuso con el mejor resultado de su historia, una mayoría absoluta de 186 escaños en el Congreso y 136 en el Senado, frente a los 110 diputados y 48 senadores obtenidos por su más directo rival, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

    El día 30, nada más constituirse, el nuevo gabinete acordó una fuerte reducción del gasto público para controlar el déficit presupuestario y una subida del IRPF y del IBI, incumpliendo la promesa electoral de no elevar la presión fiscal, continuando así con las políticas de ajuste y con las reformas estructurales, la más importante fue la Reforma Laboral diseñada por la ministra de Empleo Fátima Báñez y aprobada por el gobierno en febrero de 2012. ​ Los sindicatos convocaron una huelga general para el 29 de marzo de 2012,​ seguida siete meses después por la huelga general europea de 2012.​ El 25 de septiembre de 2012, tuvo lugar una gran manifestación llamada Rodea el Congreso (25-S) para intentar rodear el Congreso de los Diputados. Al final, acabó en una batalla campal con 64 heridos y 35 detenidos. ​

    Para reducir el déficit el gobierno no sólo recortó el gasto público, se recortaron los beneficiarios de la Ley de dependencia, no se aumentó el salario mínimo interprofesional, se disminuyeron las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales, etc.; sino que también acordó subidas de impuestos en contra de lo que había prometido en la campaña electoral.

    En abril de 2012 el gobierno anunció un recorte adicional del gasto en educación y sanidad, el 26 de junio, Sanidad estableció el copago sanitario.​ El 22 de mayo de 2012 tenía lugar la primera huelga educativa general de la historia de España. El 25 de mayo, se conoció que Bankia, nacionalizada dos semanas antes, necesitaría una inyección de 19 000 millones de euros de dinero público para ser saneada, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema bancario español. ​ El 9 de junio el ministro de economía Luis de Guindos anunciaba que España iba a pedir un rescate financiero a la Unión Europea por un valor máximo de 100 000 millones de euros para sanear las cajas de ahorros con problemas.​

    A pesar de las duras políticas aplicadas, no se consiguió detener la escalada de la prima de riesgo que en julio de 2012 superó los 600 puntos básicos respecto del bono alemán, un nivel que hacía prácticamente imposible la financiación de la deuda española en los mercados, por lo que parecía inevitable que el gobierno pidiera el “rescate europeo”. El 11 de julio el presidente Rajoy dijo en el Congreso de los Diputados: “Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o rechazar los sacrificios y renunciar a todo”.

    Junto a la crisis económica, el otro gran problema al que tuvo que hacer frente el gobierno de Mariano Rajoy fue el «desafío soberanista» de Cataluña. El 23 de enero de 2013 el Parlamento Catalán, aprobó la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña” cuyo artículo primero anuló el Tribunal Constitucional al año siguiente. En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña aprobó una moción por la que se solicitaba al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para la celebración del referéndum, pero el 8 de abril la petición fue rechazada por el pleno por una abrumadora mayoría. ​

    La crisis política se puso en evidencia en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014 en las que por primera vez los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, no superaron el 50 % de los votos emitidos, mientras crecían los minoritarios IU, UPyD y C's e irrumpía Podemos que consiguió cinco diputados. ​ Al día siguiente, el secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba convocaba un congreso extraordinario del partido a celebrar en julio, donde resultaría elegido Pedro Sánchez como nuevo secretario general.

    El lunes 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación, firmando la Ley el 18 de junio, lo que constituyó el último acto oficial de su reinado. Al día siguiente, Felipe VI era proclamado Rey de España por las Cortes Generales tras haber jurado la Constitución española de 1978.

    El Parlamento Catalán siguió con la tramitación de la Ley de Consultas y la aprobó el 19 de septiembre.​ El president Mas la firmó así como el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N el 27 de septiembre,​ pero el gobierno reaccionó y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional​ que lo admitió a trámite por lo el 29 de septiembre quedaron suspendidos cautelarmente la Ley y el decreto. ​

    En julio, se descubrieron las cuentas del tesorero del PP Bárcenas. El 1 de agosto, Rajoy asumió su error en "confiar" en Bárcenas pero dijo que no pensaba ni dimitir ni convocar elecciones. Afirmó que Bárcenas ya no formaba parte del PP cuando llegó a la presidencia del Gobierno. El 23 de marzo de 2015 el juez Pablo Ruz concluía la investigación sobre los papeles de Bárcenas y consideraba acreditado que el Partido Popular se había financiado ilegalmente entre 1990 y 2008.

    A lo largo de 2014 se confirmó que la economía española había salido de la recesión iniciada a finales de 2011. Esta recuperación económica llevó a Mariano Rajoy a declarar el 11 de diciembre que «en muchos aspectos, la crisis ya es historia». A finales de 2014 la Prima de Riesgo se situó en los 106 puntos básicos y, por primera vez desde 2007, se registró un aumento del número de afiliados a la Seguridad Social. A pesar de estos datos, la deuda pública española superó por primera vez en su historia, el 100 % del PIB (el billón de euros). ​

    El 25 de noviembre de 2014, Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses. El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunciaba en una rueda de prensa el adelanto de las Elecciones Autonómicas para el día 27 de septiembre de 2015 y que éstas tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.​ A pesar de que el 25 de febrero el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N, un mes después Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, y la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència, pactaban la “hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán” en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses, si los partidos soberanistas ganaban las elecciones «plebiscitarias» previstas para el 27 de septiembre.

    Continuaron los escándalos de corrupción. El 31 de octubre de 2014 ingresaba en prisión el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por su implicación en el Caso Púnica.​ El 26 de noviembre dimitía Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras ser citada a declarar por el juez Pablo Ruz por haber sido presuntamente beneficiaria de los negocios ilegales de su exmarido con la trama Gürtel.​ El 22 de diciembre Sonia Castelo, alcaldesa de Alicante por el PP, dimitía de su cargo.​ El 16 de abril el exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato era detenido por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, acusado de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.​ El 15 de junio ingresaba en prisión para cumplir la condena de seis años y medio de cárcel por el Caso de la Cooperación el exconsejero de la Generalidad Valenciana Rafael Blasco.

    El 24 de mayo de 2015 se celebraron las Elecciones Municipales y Autonómicas, en las que el Partido Popular siguió siendo la fuerza política más votada pero experimentó un fuerte retroceso. El Partido Popular perdió 17 alcaldías de capitales de provincia. En cuanto a la Presidencias de Comunidades Autónomas, el PP perdió seis de las diez que detentaba en 2011.

    El 9 de noviembre, el Parlamento de Cataluña aprobó con los votos afirmativos de los diputados de Junts pel Sí y la CUP el inicio del proceso de "desconexión" o de independencia entre Cataluña y el resto de España.

    El viernes 4 de diciembre comenzó la campaña electoral para las Elecciones Generales, que tuvieron lugar el domingo 20 de diciembre. En esta cita electoral el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos y escaños con 123 diputados y un 28,72 % de votos, respecto a las elecciones de 2011 perdió 63 escaños y más de tres millones y medio de votos, no revalidando la mayoría absoluta.

    El 22 de enero de 2016, el rey Felipe VI hizo el ofrecimiento a que Rajoy para que fuera el candidato a presidente del Gobierno, Rajoy declinó por no contar de antemano con suficientes apoyos como para sacar adelante la investidura. Fue un hecho inédito en la historia de España. El 2 de febrero, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez aceptaría el encargo del Rey de formar gobierno y someterse a la sesión de investidura. En la sesión de investidura se sometió a dos votaciones, una el 2 de marzo y otra dos días después. En la primera sólo contó los votos de su partido y los de Ciudadanos. En la segunda los mismos votos y un único voto más de Coalición Canaria. Era también la primera vez en la Historia de España que una sesión de investidura fracasaba.

    El 15 de abril, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria presentó su renuncia a su cargo, ya que utilizó una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Jersey desde 1993 a 2002.​

    El día 3 de mayo de 2016, según lo dispuesto en el artículo 99.5 de la Constitución española de 1978 y el rey disolvió las Cortes para convocar de nuevo elecciones generales, por primera vez en la historia democrática se repetirían las elecciones. Estas elecciones celebradas el 26 de junio fueron ganadas por el Partido Popular con un 33,01 % de los votos y 137 escaños. El 28 de agosto, PP y Ciudadanos firmaron un pacto de investidura para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.​ A este acuerdo se sumó posteriormente Coalición CanariaPedro Sánchez mantuvo su negativa de votar no.


    Tras volver a aceptar el encargo del rey, Rajoy se sometió a un segundo debate de investidura, en el que logró ser investido en segunda ronda por mayoría simple, gracias a la abstención de 68 de los 83 diputados presentes del PSOE, y a los votos favorables del PP, C's, CC y los aliados electorales de UPN y Foro Asturias.​ El 31 de octubre Rajoy juró su cargo como presidente del Gobierno ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.​

    De febrero a abril del año 2017, otra oleada de corrupción afectaba al PP: el 23 de febrero, el exministro de Economía Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el “caso de las tarjetas black” y el 4 de abril, el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez dimitía por su imputación por el “Caso Auditorio”. El 19 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid y “mano derecha” de Esperanza Aguirre, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil por enriquecerse ilegalmente por el desvío de dinero público del Canal Isabel II acabando en prisión. El día 24, Aguirre dimitía como concejala y portavoz del grupo popular del Ayuntamiento madrileño, lo que suponía el final de su trayectoria política.

    Treinta años después y por tercera vez en la historia democrática se llevó a cabo una Moción de Censura contra el presidente del Gobierno —días 13 y 14 de junio— a propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias cuyo resultado de la votación fueron 170 en contra, 82 a favor y 97 abstenciones. ​

    El 26 de julio, Rajoy testificó sobre el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, en la que negó que tuviera cualquier tipo de constancia de una financiación en B del Partido Popular.

    El domingo 1 de octubre de 2017, bajo una tensión sin precedentes en España en las últimas décadas,​ se desarrolló, en Cataluña, la jornada del referéndum del 1-O. Las votaciones se desarrollaron sin las mínimas garantías. Se produjo la intervención de guardias civiles y policías nacionales en varios colegios electorales para intentar impedir la votación e incautar las urnas electorales.​ Ese mismo día, pasadas las diez y media de la noche, el president Puigdemont junto a su Govern en una comparecencia institucional pronunció la siguiente frase: “En esta jornada de esperanza y sufrimiento, los ciudadanos nos hemos ganado el derecho a constituir un Estado independiente en forma de república”. El martes 3 de octubre se llevó a cabo una huelga general en Cataluña convocado por entidades independentistas catalanas. A las 21.00 horas, compareció en un mensaje televisado el rey de España, Felipe VI. En su intervención, el rey advirtió de la gravedad de la situación en Cataluña al haberse violado la Constitución con la celebración del referéndum ilegal y calificó la actuación de la Generalitat como de “deslealtad inadmisible a los poderes del Estado”.

    El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Pleno de Parlament para realizar una declaración unilateral de independencia de Cataluña: “... y asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república (...) el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada...”.​ El sábado día 21 de octubre, Rajoy anunció en la Moncloa que por primera vez desde la instauración de la democracia en España, el gobierno de la nación aplicaría el Artículo 155 de la Constitución española. ​

    El 2 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela ordenó el envío a prisión por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros ocho ex consejeros del destituido Govern: Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó.

    Tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel el líder del PSOEPedro Sánchez, impulsó una Moción de Censura contra Rajoy que se votó el viernes 1 de junio de 2018. Eran necesarios 176 votos para que saliera adelante. En el debate del día previo un número suficiente de diputados manifestó su intención de apoyarla y finalmente 180 diputados la apoyaron contra 169 que no lo hicieron y una abstención.

Ramón Martín

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