Los Fueros de Valencia
El rey de Aragón Jaime I es probable que tomara la decisión de promulgar una ley específica para la ciudad de Valencia, poco antes de tomar la ciudad en octubre de 1238. Una ley que titularía: Costum de Valencia, con la pretensión de extenderla al nuevo reino, ya que, al igual que los catalanes habían tenido un importante papel en la conquista de Mallorca, a los aragoneses se les había prometido que, en esta nueva conquista, el territorio quedaría integrado en su reino. Así lo demuestran los primeros avances encabezados por el noble aragonés Blasco de Alagón, y el hecho de que Burriana y Almazora, conquistadas por el propio Jaime I, fueron pobladas según el Fuero de Zaragoza. La nobleza aragonesa reclamó, más tarde, que el nuevo reino «debía ser poblado a su fuero». Pero, una vez tomada la ciudad, todo fue diferente, puesto que, Jaime I determinó crear un territorio administrativo diferenciado; para lo cual, pidió una nueva compilación legal. El rey tomó dicha decisión en beneficio propio, basándose en el derecho romano que favorecía a la autoridad pública, identificada con la de los reyes y príncipes, que por entonces se restauraba en toda Europa. Aprovechó que, la mayoría de los miembros de la cancillería real habían estudiado en la Universidad de Bolonia, desde la cual se recuperaban los principios jurídicos romanos que fortalecían el poder de los monarcas y debilitaban el de los señores feudales, que debían plegarse a las normas dictadas por el rey.
La Costum de València representaba una novedad en el siglo XIII, ya que era una ley que se aplicaría como derecho general al nuevo reino; aunque, en realidad, solo se aplicaría en la ciudad de Valencia y en aquellos núcleos de población controlados, aunque no en todos, directamente por Jaime I, ya que en los cedidos a nobles y eclesiásticos, por su participación en la conquista, se regirían por los derechos que sus señores consideraran más adecuados a sus intereses. Es decir, años después de la toma de la ciudad de Valencia el reino no estaba sometido exclusivamente a los Costums valentinos, sino que, constituía un mosaico jurisdiccional formado por diferentes derechos señoriales. Los señores aragoneses aplicaban en sus nuevos dominios el Fuero de Zaragoza, mientras que las órdenes militares preferían la Costum de Lleida y los mudéjares se regían por la ley islámica.
Es probable que, el año 1250, Jaime I reformara la Costum de València para transformarla en la ley única y exclusiva del reino de Valencia con la denominación de Furs de València. La voluntad del rey está expresada en el prólogo en el que se dice que las Costums de València debían ser aplicadas en la ciudad de Valencia y en el conjunto del reino: “En esta real ciudad de Valencia y en todo el reino y en todas las villas, castillos, alquerías, torres y en todos los otros lugares en este reino edificados o por edificar, sometidos recientemente por la voluntad de Dios a nuestro gobierno.
Prohibimos pues que ningunas otras costumes en la ciudad o en algún otro lugar del reino de Valencia en alguna cosa tengan lugar; mas por estas costumes la corte y los jueces deben los pleitos juzgar y determinar...”
En el primer capítulo de la primera rúbrica definía el territorio del reino de Valencia con los siguientes puntos fronterizos: Benifassà y el río Sénia por el norte; Ademús y la Font de la Figuera por el interior; y Biar y Orxeta por el sur.
Posiblemente el cambio de denominación de Costums de València por el de Furs de València se debió producir el año 1250 en la reunión que mantuvieron en Morella el rey y los principales prelados y nobles con señoríos en el reino. El texto de los Costums había sido ampliado con los privilegios que, hasta aquel momento, había recibido la ciudad de Valencia; al mismo tiempo el cargo de cúria (denominación de origen romano), había pasado a denominarse Justicia (término aragonés), como el oficial que se encargaba de las causas judiciales. El cambio de la denominación Costum, propia de la tradición catalana, por la de Furs, más próxima a la terminología aragonesa, es probable que se debiera a la voluntad de contrarrestar la influencia de los Fueros de Aragón, compilados en 1247 en Huesca, que amenazaba con extenderse a las poblaciones valencianas regidas por los diversos fueros aragoneses.
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| Sala de Los Fueros del Ayuntamiento de Valencia |
La voluntad del rey Jaime I de dotar al reino de una ley propia y única no cambió la posición de la nobleza aragonesa que siguió prefiriendo aplicar los fueros aragoneses en sus dominios puesto que estos les garantizaban una serie de prerrogativas y además obstaculizaban la intromisión en ellos de la autoridad real y de sus oficiales. Para establecer los Furs de València como la ley general del reino, reunió en 1261 a los tres estamentos —eclesiástico, nobiliario y real, en la que es considerada la primera celebración de las Cortes valencianas— y ante ellos proclamó que los Furs serían aplicables a las causas judiciales de todos los habitantes de la ciudad y del reino. A pesar de que Jaime I ofreció algunas contraprestaciones, la nobleza aragonesa se opuso y acabó abandonando la reunión; aunque la ciudad de Valencia y las villas reales, ofrecieron su apoyo, puesto que, se verían beneficiados en caso de que los Furs se aplicaran a todo el territorio.
Jaime I ordenó traducir al romance los Fueros de Valencia, que estaban en latín, añadiendo unas cincuenta nuevas disposiciones que habían ido surgiendo desde la primera redacción de la Costum en 1238; jurándolos y declarándolos como la ley general del reino. También estableció que sus sucesores estarían obligados a convocar Cortes en Valencia para llevar a cabo el solemne juramento al iniciar su reinado. Este privilegio se debió a su necesidad de dinero, cantidad sufragada, mayoritariamente, por la ciudad. En 1271, Jaime I, se obligó a no modificar los Furs en el futuro sin el consentimiento de las Corts, quedaba sancionado que las Leyes del Reino de Valencia eran el resultado del acuerdo entre el rey y las élites del reino representadas en las Corts, y no podían ser revocadas sin el consentimiento de las dos partes. Nacía el pactismo, que caracterizó las relaciones entre el soberano y sus vasallos en el resto de estados de la Corona de Aragón, incluso después de su unión dinástica con la Corona de Castilla, con lo que nació la Monarquía Hispánica.
El año 1276 moría el rey don Jaime I y su reino quedaba dividido por la cuestión foral, aunque en las Cortes de Aragón de 1264-1265 los nobles aragoneses habían conseguido que se les reconociera el derecho a acogerse a los Fueros de Aragón en sus dominios valencianos. Pero el rey no rectificó el texto de los Furs limitándose a aceptar una situación de hecho, lo que suponía menos de lo que los nobles pretendían: el reconocimiento de que la conquista había sido, no una empresa de la Corona y sus súbditos catalanes y aragoneses, sino una gesta exclusiva de Aragón, motivo por el que su fuero tendría que regir en el territorio; a lo que Jaime I les respondió que aquella tierra la ganó con aragoneses y catalanes junto a otros extranjeros de su señorío que se hallaron en ella y que el de Valencia era reino separado y de por sí, y nunca había sido sujeto a otro reino, razón por la que no le quería obligar a otras leyes; era su voluntad que en todo se gobernase como reino apartado y no unido con éste. Este estado de cosas fue lo que heredó Pere el Gran, que tuvo que hacer frente a un considerable agravamiento de la situación, llegándose a la guerra entre los impulsores de los fueros valencianos y los de los fueros aragoneses.
La solución del conflicto no se alcanzó hasta el reinado de Alfonso el Benigno. Durante la celebración de las Cortes del Reino de Valencia en 1329-1330 se acordó, a pesar de una fuerte controversia, que los Furs, jurados por el rey en cumplimiento de lo establecido por Jaime I, serían los que regirían en el reino y que los señores aragoneses, siempre que se adaptasen a los Furs, podrían aplicar en sus dominios el «mixto imperio», pero no el «mero imperio» como reclamaban, ya que esto hubiera supuesto continuar rigiéndose por los Fueros de Aragón. Dicho acuerdo trató de contentar, aunque parcialmente, a los grandes señores y a los señores medianos y pequeños, ya fueran caballeros, eclesiásticos o ciudadanos, que adquirían, oficialmente, el mixto imperio jurisdiccional. No era la solución buscada por los que habían defendido, durante años. las leyes valencianas, ya que cedieron cuotas de poder a los señores en detrimento del rey. En cualquier caso, la disposición fue aceptada; Alfonso IV no pudo darle, al conflicto, una solución definitiva por no contrariar a ninguna de las partes, pero puso las bases para que el conflicto se extinguiera lentamente. Entre 1329 y 1330 se dio un paso importante en el proceso territorializador, aunque no fue total.
Tras el acuerdo se trataron otros asuntos que dieron lugar a los «Furs nous» (Fueros nuevos), que recibieron este nombre ya que eran los primeros publicados desde la época de los «Furs vells» (Fueros viejos) de Jaime I. Los nuevos Furs de València fueron publicados y jurados solemnemente en la Catedral de Valencia el 24 de octubre de 1329, poniéndose así fin a la lucha que había enfrentado a los dirigentes del reino durante casi seis décadas. A partir de entonces las Cortes pasaron a ejercer un papel fundamental en el gobierno del reino, mediante la participación activa de toda la comunidad política. En 1336 los síndicos de los núcleos reales así lo expresaron, con claridad por primera vez, con motivo del ascenso al trono de Pedro el Ceremonioso. La aceptación por parte de los caballeros aragoneses no fue inmediata, de hecho, algunos no estuvieron presentes al aprobarse los «Furs nous», como tampoco los representantes de Burriana y Villarreal, que se regían por las leyes aragonesas, por lo que el 10 de enero de 1330 se convocó una nueva sesión de Cortes para que se adhirieran. Además, en aquella sesión, se dio un plazo de tres meses para que los señores se adaptaran a los Furs. A lo largo de los cinco años siguientes numerosos caballeros se fueron acogiendo a las leyes valencianas.
Aunque los Fueros de Aragón no desaparecieron totalmente del reino de Valencia, porque el rey declaró una exención especial para diversos magnates que se mantendría hasta las Cortes de 1626. Así, hasta esta entonces, las leyes aragonesas perduraron en los señoríos de Benaguacil, Puebla de Vallbona y Almazora, o en cuatro grandes baronías del interior, fronterizas con Aragón: Arenoso, Chelva, Jérica y Alcalatén. El conflicto foral continuó viviéndose con pasión por las dos partes. A partir de 1330 afloró de nuevo la carga emocional que había debajo: había que hacer frente al intervencionismo aragonés en el reino. Había también una dimensión nacional: la unidad jurídica de los valencianos quedaba en duda y la vigencia de sus Furs oscurecida para una legislación foránea, defendida por un sector de la nobleza que, incluso, se negaba a comparecer en las cortes valencianas, por considerar que no eran las suyas. El problema adquiere a partir de entonces matices identitarios. Por otro lado, la unión foral se tradujo en el uso inmediato del concepto de «General del regne de València» para referirse a la comunidad política formada por los tres estamentos. Fue este el término que utilizaron los representantes de las villas reales en una reunión mantenida en 1332 con el rey Alfonso el Benigno en la que expusieron asuntos «tocants lo bon estament de tot lo General del regne». En las Cortes de 1329-1330 se produjo el primer donativo general concedido globalmente por todo el reino, pues los de las anteriores asambleas habían sido casi siempre un asunto exclusivo de los núcleos reales, ya que los otros estamentos se negaban a contribuir a los gastos de la Corona.
Fue, precisamente, por esas fechas cuando empezó a utilizarse el gentilicio «valenciano» para referirse a los habitantes del reino. Se documentó su uso, por primera vez, en una carta que envió Pedro el Ceremonioso al magnate aragonés Pedro de Xèrica, en noviembre de 1336, en la que le conminaba a que asistiera a la reunión de las «Cortes de Valencia» para que le jurara como su rey, y en la que le recordaba, en romance aragonés, que así lo habían hecho sus predecesores en la casa nobiliaria de los Xèrica que nunca se habían negado a «fazer todos actos de richos homnes e valençanos». Aunque su uso no se generalizará hasta la década de 1350.
Durante los primeros años del reinado del rey Pedro el Ceremonioso, desarrolló una política autoritaria para situar la voluntad del rey por encima de los Furs rompiendo el pactismo que había regido, hasta entonces, en las relaciones entre el soberano y sus vasallos. Esta fue la causa de la formación de la Unió encabezada por la ciudad de Valencia que en mayo de 1347 convocó a los representantes de los tres estamentos para conservar fueros, privilegios, libertades y buenos usos, franquicias e inmunidades de la ciudad y el reino. Tras obtener, inicialmente, algunos éxitos los «unionistas» fueron derrotados por el ejército realista comandado por el propio rey en la batalla de Mislata, que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1348, desatándose una dura represión. En los primeros días del año 1349 se celebraron Cortes en las que se abolieron las disposiciones emanadas de la Unió y las arrancadas al rey. Sus acuerdos fueron los «Furs novells» que se sumaron a los «Furs vells» y a los «Furs Nous». Era la cuarta vez en la historia valenciana que se promulgaban leyes generales para el conjunto de los estamentos. No fueron un foro de negociación colectiva, sino que, estuvieron férreamente controladas por el monarca. A partir de entonces, el rey mantuvo una posición de fuerza y evitó convocar nuevas Cortes. Requirió los subsidios sin proceder a ningún tipo de negociación: el reino había quedado subyugado a su voluntad. Sin embargo, eso cambiará a partir de 1356, cuando el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, comenzó a atacar a la Corona de Aragón. El monarca, falto de recursos a causa de las continuas alienaciones del patrimonio real y de su política de expansión mediterránea, se vio obligado a convocar Corts para conseguir los subsidios que necesitaba.
En las Cortes de 1358, a cambio de conseguir que se pagara el sueldo de quinientos hombres a caballo durante dos años, para vigilar las fronteras del reino, Pedro el Ceremonioso se vio obligado a atender las peticiones de los braços que dieron nacimiento a doce fueros nuevos. Sin embargo, el dinero no fue recolectado conjuntamente sino que cada braç lo hizo por separado por la cantidad que le correspondiera. Pero al año siguiente, acuciado por la amenaza de invasión de Aragón por Pedro I, Pedro el Ceremonioso pidió más recursos y los estamentos valencianos celebraron un parlamento de urgencia. Ante tan difícil situación, el rey aceptó que el dinero fuera controlado por los estamentos, lo que constituía una novedad. En las Cortes celebradas dos años después, en 1360, se dio un paso más, y los estamentos consiguieron plenos poderes para gestionar autónomamente los dineros prometidos; y además, se encargarían de realizar el reclutamiento de los quinientos hombres a caballo acordados, entre naturales del reino de Valencia, y, la administración no habrían de rendir cuentas al rey sino tan solo al General o diputados asignados por aquel; aunque, en esta ocasión, por desavenencias entre los braços no se nombraron diputados sino unos síndicos que gestionaron el donativo.
Fue en las Cortes siguientes, celebradas en Monzón en 1362-1363, donde también se reunieron las Cortes de Aragón y las Cortes Catalanas, donde nació la Diputación del General. De nuevo la situación del rey Pedro el Ceremonioso se hizo crítica, puesto que Pedro I de Castilla había roto la paz acordada en el 1361 y había atacado los reinos de Aragón y de Valencia, al mismo tiempo que un gran brote de peste negra asolaba la península, y tuvo que aceptar las condiciones que le impusieron los estamentos a cambio del pago de una cantidad exorbitante de dinero. Como se había acordado en 1359, los diputados designados por los estamentos serían los que gestionarían los dineros recaudados. Pero se añadió una novedad: parte del subsidio acordado se pagaría mediante un nuevo tributo, las «generalitats», que gravaba la producción textil y el comercio exterior que debía pagar todo el mundo, independientemente de su condición social o del estamento al que perteneciera. Este impuesto es el que acabó de dar el nombre de Generalitat a la Diputación del General, que se consolidó como el organismo de gestión de los donativos pagados al rey por el conjunto del territorio. En esas Cortes se aprobaron cuarenta y cinco furs nuevos, uno de los cuales obligaba al rey a celebrar Cortes cada tres años, compromiso que debía ser jurado por sus sucesores al principio de cada reunion, y, en caso de no hacerlo, no podrían pedir subsidio, don o ayuda, y la petición podría ser denegada sin incurrir en ninguna pena, por gran necesidad que hubiera. Lo cual quiere decir que se ofrecerían donativos a condición de que el rey gobernara a través de las Cortes. Eso se respetó a los largo de los años posteriores. Las Corts, como foro de debate político, y la Generalitat, como organismo de gestión fiscal, se convirtieron en las máximas instituciones representativas del reino.
Tras vencer en la batalla de Almansa en el año 1707 sobre los partidarios del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, el que sería el primer rey borbón de España, Felipe V, promulgó el Decreto de Nueva Planta que representaba el fin a todo el sistema legislativo y político valenciano.
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Ramón Martín







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