Dictadura de Miguel Primo de Rivera

 

Las dos primeras décadas del siglo XX en España, fueron años de penuria. La herencia del siglo XIX había dejado el país en una situación desprovista de toda esperanza. Las huelgas, las manifestaciones, los disturbios, la continua guerra en África —plagada de pérdidas tanto en vidas como en dinero y medios, a pesar de que los medios no cejaban en dar las derrotas como éxitos—, hacían que el pueblo estuviera pasando momentos de pobreza y privación. Pero una vez más una situación de catástrofe como la que se vivía, va a ser el caldo de cultivo para que, los más listos de la clase, aprovechen la ocasión para coger las riendas del poder y se aprovechen de ellas.

Todo estaba a punto para el golpe de Estado.

En un principio se pensó en el general Aguilera, por entonces presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, pero un incidente le quitó el prestigio necesario para la ocasión. Se encontraba Aguilera en el Senado, discutiendo en un grupo sobre el valor del honor de un militar superior al de un civil; cuando el señor Sánchez Guerra, ex presidente del Consejo, le contestó dándole un bofetón. El honor de militar del general Aguilera no le impulsó a desafiar al político; por lo que su prestigio calló en picado. Pero había un militar joven que había servido en Cuba y Filipinas, y que había subido escalones en el escalafón bajo la protección de su tío, el general Primo de Rivera; hasta llegar a ocupar la Capitanía General de Cataluña. El 4 de septiembre todo estaba preparado, por lo que se fijó la fecha del 15 para dar el golpe de Estado. Una vez obtenido el apoyo de todas las guarniciones con base en Cataluña, Primo de Rivera, se pone en contacto con algunos jefes regionalistas, representantes de la burguesía catalana que se apoyaban en el catalanismo para aumentar sus beneficios de clase, y les promete una serie de cosas que harán que la Lliga se ponga a su favor.

La Corte se haya en San Sebastian. El ministro de Estado Santiago Alba se entera por un telegrama que le envía el presidente del Consejo, Manuel García Prieto de las intenciones de Primo de Rivera, y dimite. El general Primo de Rivera ha telegrafiado al rey Alfonso XIII anunciándole su propósito de sublevarse y que las guarnición de Madrid está dispuesta a secundar a la de Barcelona, por lo que el rey aconseja una gestión amistosa. El 12 por la tarde Primo de Rivera convocó a los jefes de Barcelona, comunicándoles que había recibido un telegrama para que adelantase los acontecimientos. A medianoche, los soldados ocuparon las centrales de telégrafos y de teléfonos de Barcelona, y a las dos de la madrugada, el general se reunió con los periodistas, para repartirles el texto del bando que proclamaba el Estado de Guerra. Un periodista le felicita por la sencillez con que se ha desarrollado el movimiento, a lo que Primo le contesta: “No ha habido que imitar al fascismo, ni a la gran figura de Mussolini, aunque sus actuaciones han sido enseñanza de provecho para todos”. El presidente del Consejo se enteró por teléfono, mientras —a pesar de que la censura de los teléfonos tenía incomunicada Barcelona—, un periódico La Libertad, publicó la noticia diciendo que se trataba de un movimiento para salvar al rey y al ejército de sus responsabilidades por los desastres de Marruecos. Era la última vez, en siete años, que la prensa pudo decir la verdad.

El general José Sanjurjo secundó a Primo en Zaragoza. Únicamente Valencia se mantenía al lado del gobierno. Reunido el gobierno con el monarca en Palacio, éste se negó a firmar la destitución de Primo de Rivera, por lo que el presidente del Consejo dimitió. A continuación, Alfonso XIII se reunió con los cinco generales sublevados en Madrid, ordenándoles se constituyeran en Directorio. Momentos después, en Barcelona, se comunicaba, mediante telegrama, al general Primo de Rivera que, el rey, deseoso de evitar toda efusión de sangre, le encargaba formar gobierno. Esa misma noche el general sublevado partía en tren hacia Madrid, siendo despedido por un grupo de políticos de la Lliga Regionalista, la burguesía catalana abandonaba la defensa de los intereses nacionales de Cataluña. El movimiento obrero miró con indiferencia el golpe de Estado. Los socialistas callaron, los anarquistas despreciaron estas maniobras de los políticos e intentaron declarar la huelga general el día 14, pero fracasaron; la U.G.T. ni eso. Los republicanos no supieron aprovechar el estupor de la gente, porque la política de turnos de los dos partidos ya había agotado su capacidad de indignación.

El Directorio se compuso de nueve generales y un almirante, sin tener la titularidad de ministros, puesto que de los decretos se hacía responsable, con su firma, Primo de Rivera. El Congreso de Diputados y el Senado fueron disueltos por el rey, de acuerdo a las facultades que le otorgaba la Constitución, pero con la condición de volver a reunirlos antes de tres meses. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por los militares; se creó, en todo el país el somatén catalán; se publicó un decreto contra el separatismo, por el que pasaban a depender de los tribunales militares, todo aquel que exhibiera una bandera que no fuese la de la monarquía; se disolvió la Mancomunitat y se prohibió la enseñanza en catalán al tiempo que se anulaba la ley del jurado. A finales de septiembre se destituyeron los ayuntamientos, nombrándose comisiones gestoras, creándose el cargo de Delegado gubernativo en los municipios mayores.

La misma noche de la constitución del Directorio, se presentó en el Congreso de Diputados un piquete de soldados, mandados por un teniente, que, dirigiéndose al despacho de la Comisión de los Veintiuno —aquella que pedía responsabilidades por los desastres marroquíes—, para llevarse todos los documentos del expediente. El ejército apoyaba, casi íntegramente, al dictador, y Primo de Rivera comenzó a organizar un partido único a imagen de los fascios italianos, la Unión Patriótica.

Mientras por las calles de Madrid, desfilaban cincuenta mil de los nuevos concejales nombrados por el dictador de todos los ayuntamientos españoles, en África perdían la vida más de quince mil soldados, a lo largo de 1924. El rey junto al general acudieron a Roma, y ante Pio XI, Alfonso XIII dijo: Si levantáis una cruzada contra los enemigos de nuestra santa religión, España y su rey, files a vuestros mandatos, no desertarán del puesto de honor que les asigna su gloriosa tradición. Con lo que le invitaba a una cruzada. Algo que Abd-el-Krim se dispuso a aprovechar. Reprodujo en árabe el discurso íntegro del rey de España, dando a la lucha un rebrote de fanatismo religioso. En tanto en África los soldados españoles se batían, el rey, de regreso llegó a Valencia donde, refiriéndose a sus ministros, les tildó de ladrones e imbéciles. En cuanto al ejército español, en la zona oriental de Marruecos, se disponía a operar contra Abd-el-Krim, pero Primo de Rivera no dio la orden y envió por diversos conductos agentes al cabecilla rifeño, para conseguir una deseada paz. El teniente coronel Francisco Franco, jefe de la Legión Extranjera se apresuró a publicar un artículo en contra del Directorio. Y Abd-el-Krim, por dificultades en el aprovisionamiento, se vio obligado a invadir la zona francesa de Marruecos, lo que provocaría una alianza hispanofrancesa, y el desembarco de tropas en la bahía de Alhucemas. Abd-el-Krim quedó desecho, entregándose a los franceses, siendo desterrado, junto a sus consejeros, a la isla de Reunión. De esta forma acababan cien años de guerra con Marruecos y tras cinco siglos de iniciarse. Es uno de los pocos tantos a favor de la Dictadura.

El Directorio Militar suponía un freno para el desarrollo administrativo del país, por lo que, a primeros de diciembre, el dictador anunció que había decidido formar un gobierno civil. Los dos años de Directorio no habían supuesto ningún avance en la vida de la población; los campesinos de todas las regiones seguían viviendo como cuatro siglos antes. Los cambios experimentados en el país se reducían a: censura, prohibición de sindicatos anarquistas, de huelgas, mítines, manifestaciones y falta de elecciones. En este panorama, Primo de Rivera, constituyó el primer gobierno civil de la dictadura, con cuatro generales y cinco civiles, que nada más constituirse promulgó un decreto mediante el cual se impondrían multas, sin límite de cuantía, a quienes se opusieran a la política del nuevo régimen. Todos los nuevos ministros se pusieron animosamente, a cumplir sus funciones, siendo el ministro de Fomento (conde de Guadalhorce) el que más empeño puso, ya que la Dictadura estaba necesitada de éxitos. Suyas son las iniciativas de la nueva red de ferrocarriles, la finalización de nuevos canales y la mejora de puertos y embalses. Las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla, inauguradas simultáneamente en 1929, fueron el remate, de cara al exterior, de esta política.

Por su parte el ministro de Instrucción Pública, Eduardo Callejo, hizo una reforma de la enseñanza con nuevos planes de bachillerato y universidades, destituyó catedráticos y dio grandes facilidades a la enseñanza privada, sobre todo religiosa, frente a la del Estado. Pero una de sus decisiones de más honda repercusión, fue la disolución de la “Institución Libre de Enseñanza”, que había sido creada el 29 de octubre de 1876 por Fernando Giner de los Ríos.

Pero donde la política de la Dictadura aparece con toda su crudeza es en la labor de José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda. En los siete años que duró la Dictadura, el Tesoro recaudó 21.000 millones de pesetas, frente a unos gastos de 23.800 millones. En 1923 la deuda era de 15.000 millones, mientras que en 1929 llegó a 20.000 millones. En eses año de 1923 el Estado poseía en oro 160 millones de pesetas, aunque enajenaría 151 millones. Esta situación y la consiguiente caída de la peseta, hizo que hubiera que contratar un empréstito de 350 millones de pesetas oro, una vez se hubieran vendido 151 millones de pesetas oro.

 

La oposición, entre tanto, se iba reforzando, y los catalanistas se reunían en La Habana donde proclamarían su intención de instaurar una República Catalana. Los anarquistas, por su parte, iban organizándose, aunque no contaban con la intervención de Martínez Anido. Un agente suyo envía un telegrama a un grupo que se encuentra en Francia, para que pasaran la frontera el 7 de noviembre de 1924 por Vera de Bidasoa. Allí nadie les espera, salvo la guardia civil que, tras un tiroteo con heridos, y en el que se detiene a tres anarquistas, mientras los demás regresaban a Francia. Un consejo de guerra sumarísimo les juzga, pero les absuelve por falta de pruebas. Para el gobierno eso no puede quedar así, es necesario hacer un escarmiento y les envía al Tribunal Supremo que les condena a muerte. Entran en capilla y el rey se niega a indultarlos. Dos morirán en el garrote y el tercero se arroja por una ventana.

Meses más tarde el excoronel Francesc Maciá, jefe del Estat Catalá, intentó un golpe de mano encaminado a levantar el pueblo contra el dictador y el centralismo castellano. El golpe fracasó antes de poder realizarse, cuando se habían concentrado en la frontera el 1 de noviembre de 1926 en el pueblo francés de Prats de Molló, debido a que el italiano Garibaldi, que, en un principio, les apoyaba, hizo de confidente. Los expedicionarios serían juzgados en París. Esta acción de Maciá y el destierro de Unamuno provocaron una fuerte opinión contraria a la Dictadura, a nivel internacional.

Por entonces, el dictador comete dos grandes errores, uno es financiero: el Monopolio de Petróleos y otro político: la Asamblea Nacional, tras los cuales se descubren —entre otros—los negocios sucios de Telefónica y del ferrocarril Ontañeda-Calatayud. Había un gran contrabandista en el país, que había tejido una amplia red entre las más altas personalidades del Estado, además de poseer una numerosa cantidad de barcas para transportar los alijos procedentes del Monopolio de Tabacos en Marruecos, que le permitió a Juan March ampliar de manera considerable sus negocios, y que le había sido concedido por Primo de Rivera sin necesidad de pasar por la aprobación del Consejo de Ministros. Pero Juan March no se dedicaba solo al negocio del tabaco, también tenía una empresa de petróleos, Petróleos de Porto Pi, que mediante un contrato con la Nafta rusa monopolizaba la venta del petróleo soviético en España.

El dictador, en su afán de monopolizar el creciente mercado del petróleo, funda mediante decreto, en junio de 1927, CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.). Incautándose, previa indemnización de los bienes de las empresas petroleras españolas. Siendo las instalaciones de March la base del Monopolio recién creado, siempre con el beneplácito de Nafta; a pesar del declarado anticomunismo del gobierno. Pero con lo que no contaba rimo de Rivera era con la contraofensiva de Shell y la Standard, que provocarán la caída en picado de la peseta.

En otro orden de cosas, el régimen se puso en contacto con la I.T.T. (International Telephone and Telegraph Corporation). Melquiades Álvarez, exrepublicano y exministro del rey, redactó el contrato entre la I.T.T. y el Estado, naciendo así la Compañía Telefónica Nacional de España, con total dependencia de la empresa norteamericana. Se dijo —y luego se comprobó— que, el rey había recibido un cheque de 600.000 dólares por su colaboración en el establecimiento de la Telefónica.

 

Es algo tradicional en España que, las situaciones creadas con la intervención del Ejército, en el caso de estar en peligro, suelen ser los militares los que, olvidando sus complicidades, las derriben. Y los militares estaban descontentos con la política seguida con ellos por Primo de Rivera, anulando los ascensos por méritos de guerra y poniendo en su lugar los ascensos por elección, siempre contrariados por los militares españoles; además de ejercer una persecución a generales como Riquelme, Queipo de Llano, Cabanellas, Castro Girona o Cavalcanti —uno de los autores del golpe militar de 1923—, al que mandó a los Balcanes a estudiar la organización militar.

La pronta reacción del arma de artillería no se hizo esperar. Es un cuerpo que no acepta, por juramento de sus miembros al salir de la Escuela, otro ascenso que no sea el correspondiente a la antigüedad, ya que hacer méritos de guerra es obligación militar y no merece premio alguno. Protestaron, y al no ser atendidos, se reunieron y tomaron la decisión de pasar, colectivamente, a la reserva. Se recluyeron en los cuarteles y el Gobierno declaró el estado de guerra en todo el país, suspendió de empleo a los oficiales de artillería y disolvió el Cuerpo y la Academia de Artillería.

Aunque la reacción más grave la protagonizaron dos generales: el general Weyler y el general Aguilera, quienes el día de San Juan de 1926, lanzaron un manifiesto en el que anunciaban que, el Ejército se creía en el deber de reintegrar al país a la normalidad constitucional. El movimiento abortó por falta de apoyos políticos. Los dos generales fueron procesados y condenados. Primo de Rivera, viéndose desasistido por el Ejército, intenta apoyarse en los viejos políticos. Anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional; hizo cambiar el rótulo del Congreso de Diputados y sentó en los escaños a profesores, técnicos y máximos contribuyentes.

El PSOE, en el congreso extraordinario celebrado en octubre de 1927, acuerda que ninguno de sus afiliados forme parte de dicha Asamblea. Una Asamblea que no consiguió dividir a la oposición, pero sí, entre los dirigentes de la Dictadura un movimiento de disgusto e incertidumbre, que provocaron que las sesiones de la Asamblea fueran espaciándose, desvaneciéndose en silencio.

Mientras, en Palacio, Alfonso XIII se va separando, poco a poco, del dictador. Éste ha dejado de ser útil. El rey comienza a pensar en una sustitución, o en la vuelta a la normalidad constitucional. La Dictadura llegó para salvar al rey. Siete años después, el rey sacrifica a la Dictadura para salvarse.

Primo de Rivera se dirige a Barcelona, y de allí a Paris, donde el 16 de marzo de 1930 muere en el Hotel Pont Royal, a causa de la diabetes que sufría, en conjunción con los efectos de la gripe. Al día siguiente, el féretro fue llevado a la estación de Austerlitz para trasladarlo a España. El cortejo fúnebre despedido en París con honores, ya que ostentaba el gran cordón de la Legión de Honor. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro, en Madrid, aunque más tarde se le trasladó​ a la Basílica de la Merced de Jerez de la Frontera, como él pidió.

 

Así damos por finiquitada la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que comenzó el 13 de septiembre de 1923, y acabó, con su dimisión, el 28 de enero de 1930, dando paso a la Dictablanda del general Dámaso Berenguer.

 

Ramón Martín