El Trienio Liberal (1820-1823)

 

De nuevo un periodo bien definido. Una nueva experiencia liberal basada en la recuperación de la Constitución de 1812 y el fracaso total del Estado absoluto. En 1808 la invasión había disfrazado la crisis, en 1820 el absolutismo tenía todas las salidas taponadas.

    Este islote liberal (1820-1823), entre dos etapas absolutistas (1814-1820 y 1823-1833) fue de gran importancia en la evolución política y social del país. Tanto para los liberales, como para los absolutistas, la llegada del Trienio Liberal demostró que el régimen absoluto, en teoría inmutable, era vulnerable por sí mismo, sin necesidad de una invasión exterior, como la producida en 1808. Pero la influencia exterior si tuvo gran importancia en este nuevo periodo liberal, pues su duración se redujo a tres años, debido a una nueva invasión —de nuevo francesa—, aunque en este caso contrarrevolucionaria, ya que no había gustado en Europa este España liberal. Pero también finalizó prematuramente, por el escaso apoyo social. Aunque también marca el momento en que, la opinión liberal, empieza a tomar cuerpo en un pueblo liberal urbano, que adquirirá su plenitud en la década de 1830. El mundo urbano, abre nuevas expectativas a la burguesía, lo que aumenta la actividad de intelectuales y hombres de acción; tanto civiles como militares. En la actividad de las ciudades, van despertando los oficios, pequeños comercios y empleados.

    El Trienio Liberal, recupera la obra jurídica de Cádiz, incorporando elementos nuevos, como en el caso de la Hacienda y la Reforma Religiosa. El Antiguo Régimen, se reorganiza y, como es habitual, recurre a la insurrección y a la conspiración, además de buscar la intervención exterior de la Santa Alianza, para evitar que la situación liberal de España se extienda a la Europa de la Restauración. La invasión de 1823 acabará con el régimen liberal.

    En esta etapa se asiste a la eclosión del debate político, al tiempo que van apareciendo las primeras formas de organización, gracias a las posibilidades abiertas por la Constitución. Durante el Trienio Liberal, la cultura política se propagó a través de la prensa. Toda clase de folletos, hojas, pasquines, periódicos, inundaron el mundo de las ciudades. A partir de ahora, la prensa, se convierte en un elemento estructural de la vida política, símbolo de la libertad de expresión. El decreto de 22 de octubre de 1820 establecía la libertad de expresión y publicación, sin necesidad de censura previa.

    El incremento de la cultura política apunta hacia una primera socialización del liberalismo, sobre todo en las principales ciudades de la nación.

    La trayectoria política del Trienio Liberal hará que tanto los liberales como los realistas, bases sus actitudes en claves emocionales, siendo muy permeables a los discursos. Basta la acción del liberal-agitador o del realista-agitador, para exacerbar el motín popular o la partida rural.

    La nobleza de sangre mantuvo, en un principio, una actitud expectante. Actitud compartida por el clero. La sustentación del régimen se concretó en un conjunto de intelectuales, profesionales liberales, militares, comerciantes y propietarios.

    La política del Trienio Liberal estuvo condicionada por la construcción del Estado liberal, lo que se deslinda en dos campos: el compuesto por los liberales y el Parlamento, y su proyecto político; y el del Rey y Palacio con su cohorte de servidores. Posiciones contradictorias que son provocadas por la propia construcción del Estado liberal, pero también por la radicalización de posturas en el seno de la familia liberal, que acentuaron sus discrepancias.

    El poder legislativo se adentraba en las funciones del ejecutivo, a lo que se sumaron los enfrentamientos del Rey con sus Gobiernos. Situación que aprovechó el monarca para intentar frenar al legislativo. Al mismo tiempo que, el Gobierno, lo utilizaba como coartada, para dar comienzo a sus actividades contrarrevolucionarias.

    Las Cortes convocadas el 22 de marzo de 1820 iniciaron su andadura, dándose el 9 de julio la jura del Rey, y su primer discurso. Daba comienzo una primera legislatura hasta el 9 de noviembre que tenía, como línea maestra, lo marcado por el periodo gaditano. El 27 de septiembre, se aprobaba la ley de desvinculaciones, que suprimía los mayorazgos, y sus consecuencias inmediatas relativas a la Iglesia que culminaron el 1 de octubre con la reforma de regulares. La situación de la Hacienda pública era caótica, y el cordón umbilical que unía hacienda y reforma religiosa, consistía en poner en marcha el proceso desamortizador, La reforma de regulares provocó la oposición beligerante de los sectores absolutistas, el clero y toda la jerarquía eclesiástica, además del propio Rey. Se inauguraba una constante en la trayectoria política del Trienio Liberal: el enfrentamiento entre las Cortes y el Rey; ambos apelando a la Constitución.

    Entre junio de 1820 y marzo de 1821, con el primer Gobierno Constitucional, surgió la división entre los liberales, sobre todo en tres cuestiones: la disolución del ejército de la Isla, la disolución de las sociedades patrióticas, y la ley de imprenta. El 4 de agosto se desarticuló el ejército; el 21 de octubre se disolvieron las sociedades patrióticas y; al día siguiente la ley de imprenta incluía una serie de excepciones a la libertad de expresión. La situación evoluciona aceleradamente, y se dibujan dos grandes formas de entender la revolución: moderados y exaltados, siendo las diferencias más estratégicas que doctrinales. Ambos de atribuían la legitimidad y defensa de la revolución y se acusaban de traicionarla.

    Los moderados o “doceañistas” se sentían representantes del espíritu de Cádiz. Dominaban la cámara y los gobiernos. Las tensiones con los exaltados durante 1821 y 1822 se basaban en que, estos últimos, eran los responsables de la agitación y desórdenes producidos en los núcleos urbanos. Los personajes más moderados eran proclives a un entendimiento, mientras que, los exaltados, también herederos y legítimos defensores de la revolución, abortada según ellos por la actitud de los moderados, quedaron en minoría en las Cortes. Por lo que iniciaron campañas en contra del Gobierno.

    Entre marzo de 1821 y julio de 1822 encontramos el periodo más largo y central del Trienio. En él dominan los gobiernos moderados de Bardají y Martínez de La Rosa. Las Cortes desplegaron su labor legislativa, las tensiones se acentuaron, y el asesinato en la cárcel, el 5 de mayo de 1821, del cura Vinuesa, que había sido detenido por conspiración absolutista, aumentó el temor a posibles revueltas.

    Durante el mes de septiembre apareció el fantasma de la república. En Zaragoza fueron detenidas personas acusadas de conspirar. Riego, capitán general de Aragón, fue destituido el día 4. Esto aumentó las tensiones y las consiguientes protestas urbanas. Protestas que culminaron en Madrid el 18 de septiembre, en la batalla de las Platerías, inició de una campaña contra el Gobierno que se extendió por todo el país.

    Entre las causas de esta situación, hemos de considerar, la proximidad de la campaña electoral que llevaría a las segundas Cortes del Trienio. Las nuevas Cortes fueron críticas con el Gobierno y acabaron por reprobarle, a la vez que desautorizaban a los movimientos urbanos.

    En el mes de enero de 1822, hubo una amplia remodelación del Gobierno, mientras se ampliaba la brecha existente entre moderados y exaltados.

La cuestión eclesiástica durante el Trienio Liberal

En las Cortes de Cádiz, tan sólo se hizo un planteamiento en la que se refiere a la reforma eclesiástica. Reforma que fue abordada por los gobiernos y las Cortes del Trienio. Como en 1812-1813, fue una iniciativa del Estado. Iniciativa que se encontró con las actitudes encontradas De la Iglesia tradicional y de los liberales. La R. O. de 26 de abril de 1820, ordenaba a los párrocos que, desde los púlpitos, explicaran a sus feligreses la Constitución política de la nación; provocando choques entre el clero y el Gobierno. Pero no fue esta la única medida causante del enfrentamiento también puso su granito de arena, y no pequeño, la nueva expulsión de la Compañía de Jesús. Los jesuitas que habían vuelto, por decisión de Fernando VII, en 1815, veían como el 14 de agosto de 1820, se decretaba su segunda expulsión.

    Aunque lo peor fue, el Decreto sobre suspensión de monacales y reforma de Órdenes regulares, que había sido aprobado por las Cortes el 1 de octubre de 1820 y sancionado, a regañadientes, por el rey el 25 del mismo mes. Este Decreto afectaba a 1.701 conventos, aunque hasta enero de 1822, solo habían sido suprimidos 801, gracias a la tolerancia de las autoridades locales. El Decreto prohibía fundar nuevos conventos y admitir nuevos profesos.

    El art. 23 declaraba incorporados al Estado, los bienes de las Comunidades religiosas suprimidas, así como los de las Comunidades subsistentes que superarán las rentas precisas para su subsistencia. Pero aún se agravaría más con el ministro Evaristo San Miguel, cuando el 15 de noviembre de 1822, las Cortes dispusieron que fueran suprimidos todos aquellos conventos que estuvieran situados en poblaciones de menos de 450 vecinos, lo que afectaba a las dos terceras partes de los existentes y a todos los monasterios exceptuados en 1820. Incluidos los de Montserrat y Poblet. Aunque esta medida no llegaría a ser puesta en práctica en su totalidad.

    Las consecuencias de esta política eclesiástica fueron graves: conflictos con Roma, ruptura De la Iglesia y el Estado liberal, el desgobierno de las diócesis. Pero también dentro del clero hubo una escisión interna.

    La irritación producida en el clero y en los fieles, contribuye a dar una apariencia religiosa a la guerra civil que estalla en 1822. Pero lo cierto es que, las reformas religiosas de los liberales cristalizan en discordias entre españoles, siendo uno de los hechos determinantes de aquella España del siglo CIX, que dejará hondas secuelas. Fue el telón de fondo de la historia de aquel tiempo, que dejó un negativo legado para años venideros.

Ramón Martín