Juan Bravo Murillo. 43º Presidente los años 1851 y 1852

Decimoprimer Presidente del Consejo de Ministros durante la Década Moderada (1844-1854), reinando Isabel II desde el 14 de enero de 1851 al 14 de diciembre de 1852.

    Nacido en Fregenal de la Sierra, Badajoz, el 9 de junio de 1803. Realizó estudios de teología y derecho y, en 1825, obtuvo la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Sevilla. Su figura política empezó a despuntar a través del ejercicio de la abogacía en el famoso bufete madrileño para el que trabajaba. Su traslado a Madrid en 1836 le había permitido entrar rápidamente en política, representando un elemento civil inusual, frente a la preponderancia militar en la política de aquella época, desde su llegada se adhirió al Partido Moderado, donde era conocido por el sobrenombre de el abogado, por el cual fue elegido diputado en Cortes por Sevilla en 1837, destacando como portavoz de los moderados en apoyo del proyecto que daría lugar a la Constitución de 1845, y luego como presidente de la Comisión de Codificación. Posteriormente en 1840 fue reelegido por Ávila.

    Su presunta implicación en las conspiraciones que perseguían el derrocamiento de Espartero, le obligó a exiliarse en Francia, de donde regresó después de que el duque de la Victoria fuera desalojado del poder. Cuando se inició la Década Moderada, Bravo Murillo empezó a tomar fuerza dentro del espectro político. Nombrado consejero del reino, ocupó la cartera de Gracia y Justicia en el gabinete que encabezaba el duque de Sotomayor. En ese mismo año, con el retorno de Narváez a la Presidencia del Consejo de Ministros, se le encomendó el Ministerio de Comercio, Industria e Instrucción Pública. El tercer ministerio que dirigiría sería el de Hacienda, en 1849, lo que le constituyó en el padre político de la Ley de Administración y Contabilidad promulgada en 1850, más conocida como Ley Bravo Murillo.

    Cuando en 1851 cayó Narváez, fue nombrado Primer Ministro, el 14 de enero. Con el poder en sus manos, llevó a cabo un programa político que tenía como base las reformas administrativas y en él se despreciaba la política parlamentaria. A pesar de sus tendencias autoritarias, lo cierto es que Bravo Murillo era un político honrado y un eficaz administrador, en la tradición de los afrancesados españoles y del despotismo ilustrado. Con su reforma constitucional, pretendía acabar con todos los obstáculos que el sistema, en apariencia constitucional, ponía a la administración y a la actuación del poder ejecutivo. Rechazaba ferozmente la tradicional participación de los generales en la vida política española, por lo que trató de sustituirlos por una autocracia civil. El gabinete de tecnócratas que le rodeó era conocido satíricamente como el “Honrado Concejo de la Mesta”.

    Bravo Murillo, como muchos otros, creía que poner a España a la altura de Europa no pasaba por el constitucionalismo liberal ni por la iniciativa privada. El modelo en el que se fijó para llevar a cabo su política fue el que imperaba en ese momento en Francia. Uno de sus primeros actos fue el arreglo de la Deuda Pública, el 1 de agosto de 1851. El programa de obras públicas que llevó a cabo era, con mucho, el más ambicioso propuesto por un gobierno desde el siglo XVIII. Bajo su mandato comenzaron las obras del Canal de Isabel II que iba a proporcionar a Madrid un sistema moderno de abastecimiento de aguas. También se inició el proyecto del Canal de Castilla, abriendo y clasificando los caminos vecinales de Madrid, cuya reforma debía abrir los mercados del Norte al trigo castellano. Asimismo, potenció las redes ferroviarias para tratar de mejorar el tránsito por la Península.

    En el ámbito diplomático, Bravo Murillo concluyó un Concordato con el Vaticano, el 17 de octubre de 1851, que declaraba la unidad religiosa de España bajo la religión católica y regulaba la participación de la Iglesia en el terreno de la enseñanza. La Iglesia, por su parte, aceptaba en contrapartida los procesos desamortizadores.

    El 2 de diciembre de 1852, Bravo Murillo dio a conocer sus planes de reforma política. Cuyo objetivo era modificar el modelo constitucional imperante desde 1845, esto suponía un enfrentamiento directo con el parlamentarismo, ya que trataba de eliminar el carácter público de las sesiones de las Cortes. Inspirado en el Segundo Imperio francés implantado por el golpe de Estado de Napoleón III. Además, daba al ejecutivo la potestad de legislar por decreto en casos urgentes y suprimía la libertad de imprenta que la Constitución de 1845 había reconocido. Bravo Murillo cometió el error de no darse cuenta que el constitucionalismo corrupto, consolidado en los últimos diez años, no era más que el juguete de la oligarquía que dominaba el país. El arma de dicha oligarquía era el Senado, ocupado por los generales que habían hecho carrera política.

    Este proyecto desató las protestas de militares y políticos, y una gran resistencia, incluso entre la mayoría de los moderados, seguidores de Narváez; perdida la confianza de la reina Isabel II, Bravo Murillo cayó del gobierno el 13 de diciembre de 1852, dejando detrás un cúmulo de descontentos que estallaron en la Revolución progresista de 1854. Desde ese momento, su alejamiento del mundo político fue cada vez más evidente.

    Vueltos al poder los moderados en 1856, Bravo Murillo siguió militando en el ala derecha del partido, grupo dinástico con ideas cercanas al carlismo, con el que compartía posiciones conservadoras, católicas y antiparlamentarias. Aunque no volvió al gobierno, Bravo Murillo aceptó la presidencia del Congreso de los Diputados en 1858, con el gobierno de Istúriz desempeñando algunas misiones diplomáticas antes de retirarse de la política con la Revolución de 1868. En 1864 apareció su libro Opúsculos, en el que se resumía su ideario en temas políticos y hacendísticos. A pesar de su ideología extremista, fue generalmente reconocido como un político honesto e inteligente. Fallecido en Madrid, el 10 de febrero de 1873.

Ramón Martín